Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido en el bajo mundo como alias El Obrero, recibió una condena de 27 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el homicidio de cuatro personas en el departamento de Boyacá, ocurrido entre febrero y marzo de 2003. Este hombre, quien integró la red sicarial Las Especiales o Urbanos asociada a las Autodefensas Campesinas del Casanare, fue sentenciado por un juez penal de circuito bajo la Ley 600 de 2000 por homicidio agravado, con pruebas aportadas por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía. Los crímenes, calificados como delitos de lesa humanidad, involucraron a tres hombres y un adolescente, identificados como Óscar Eliécer Moreno, Ricardo Rosales Orozco, Dydyer León y Juan Pablo Castro, a quienes se les señalaba como supuestos colaboradores de grupos armados ilegales o como un riesgo para la convivencia en la región.
Los asesinatos selectivos se perpetraron en diferentes puntos de Boyacá: el 16 de febrero de 2003, Óscar Eliécer Moreno fue abatido en la vía Tunja-Arcabuco, mientras que Ricardo Rosales Orozco perdió la vida en el Alto de Cucaita, sobre la carretera entre Tunja y Villa de Leyva. Poco más de un mes después, el 26 de marzo, Dydyer León y Juan Pablo Castro fueron ejecutados en el sector Las Gemelas, en la vía Tunja-Paipa. Arteaga Plazas operaba haciéndose pasar por vendedor de minutos de celular en la Plaza de Bolívar de Tunja, desde donde realizaba vigilancia a sus objetivos antes de coordinar los ataques. La sentencia fue notificada en el centro de reclusión donde el sentenciado ya se encuentra privado de la libertad por otros hechos ilícitos, y los detalles del proceso se revelaron el 21 de febrero de 2026.
Conexión con redes paramilitares y otros líderes condenados
Este caso se suma a la reciente condena en segunda instancia contra Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, un exjefe paramilitar que fue designado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro en septiembre de 2025 mediante la resolución 327, a pesar de su historial delictivo. Botalón, quien confesó más de 53 homicidios y alrededor de 100 desapariciones en el marco del proceso de Justicia y Paz, fue sentenciado por el Tribunal Superior de Bucaramanga el 10 de febrero de 2026 por liderar una red criminal en 2016 que incluía extorsiones y atentados, aunque su nombramiento como gestor de paz permaneció vigente pese a la condena y su expulsión del proceso en enero de 2025. Estos fallos judiciales resaltan el esfuerzo continuo de la justicia por desmantelar las estructuras paramilitares que sembraron terror en regiones como Boyacá y Casanare durante los años de mayor confrontación armada.
La condena a alias El Obrero representa un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas de los homicidios selectivos que marcaron el conflicto armado en Colombia, recordando la necesidad de memoria histórica y el compromiso con los derechos humanos en un país que aún lidia con las secuelas de la violencia paramilitar.
