Condenado a 45 años y 8 meses de prisión responsable de cinco homicidios en Risaralda

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El fallo se produjo tras la aprobación de un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, quien aceptó su responsabilidad en una serie de crímenes ocurridos en 2023 en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.

Un juez penal del circuito de Pereira condenó a Sebastián Rodas Segura, alias El Ardillo, a una pena de 45 años y 8 meses de prisión, luego de avalar el preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, en el que admitió su responsabilidad en cinco homicidios y tres intentos de homicidio registrados durante el año 2023 en distintos municipios de Risaralda.

La decisión judicial se produjo después de que el procesado, de manera libre, voluntaria y asistido por su abogada, aceptara los cargos sustentados por la Fiscalía. Además de la pena privativa de la libertad, Rodas Segura deberá pagar una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El condenado fue hallado responsable de los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.

Uno de los hechos se registró el 23 de enero de 2023 en el barrio Camilo Torres de Dosquebradas, donde El Ardillo disparó contra un hombre de 27 años, causándole la muerte.

Otro de los crímenes ocurrió el 2 de febrero, cuando dos hombres de 20 y 23 años y un menor de edad fueron obligados a subir a un vehículo y trasladados hasta una zona boscosa de la vereda Cedralito, en el municipio de Santa Rosa de Cabal. En ese lugar, Rodas Segura y dos personas más les quitaron la vida.

El 6 de febrero se presentó un atentado sicarial en el barrio San Diego de Dosquebradas, en el que un hombre resultó gravemente herido. Finalmente, el 28 de febrero, un joven de 20 años fue asesinado en el barrio Rocío Bajo de Pereira. En este último hecho, dos personas que se movilizaban en un vehículo de servicio público resultaron lesionadas.

La sentencia quedó en firme tras la aprobación del preacuerdo por parte de la autoridad judicial.

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