Enrique Vives Caballero, el empresario samario condenado a siete años y seis meses de prisión domiciliaria por homicidio culposo agravado en el accidente vial que dejó seis jóvenes muertos y un menor herido, reapareció públicamente durante un acto de campaña del aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, en un recinto cerrado de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena. El encuentro, captado en un video difundido por medios locales que muestra una conversación cercana entre ambos, se produjo recientemente durante el recorrido de campaña del candidato, quien se reunió con dirigentes políticos y empresariales de la región, desatando un aluvión de críticas en redes sociales por la presencia del condenado.
El trágico suceso ocurrió el 13 de septiembre de 2021 en el sector de Gaira, sobre la Troncal del Caribe en Santa Marta, donde Vives Caballero, con un grado tres de alcoholemia, causó la muerte de Rafaela Petit, María Camila Martínez, Camila Romero, Leonir Romero, Laura Valentina De Lima y Juan Diego Álzate, además de dejar herido a Brian José Áñez, quien era menor de edad en ese momento. Inicialmente imputado por homicidio con dolo eventual, el caso derivó en un preacuerdo por homicidio culposo agravado, tras el cual las familias de las víctimas firmaron la aceptación de una indemnización total de 1.715 millones de pesos pagados por la aseguradora, lo que permitió rebajar la calificación del delito. Como parte del acuerdo, Vives se comprometió a no conducir bajo los efectos del alcohol, aunque la defensa del sobreviviente calificó como “ridícula” la oferta adicional de 65 millones de pesos para el menor.
Revictimización y rechazo en redes sociales
La reaparición de Vives Caballero junto a De la Espriella ha reavivado el dolor de los afectados y generado fuertes cuestionamientos en plataformas digitales, donde usuarios denuncian una revictimización de las familias de las víctimas y critican la normalización de un caso que conmocionó a la sociedad samaria. La sentencia de 92 meses de prisión domiciliaria, impuesta tras el preacuerdo, no ha evitado que el empresario participe en eventos públicos de alto perfil político, lo que pone en el centro del debate la responsabilidad social de los candidatos y la percepción de impunidad en casos de accidentes con fatalities bajo influencia de alcohol.
Este episodio se suma a la controversia que rodeó el proceso judicial desde el principio, destacando las tensiones entre la justicia restaurativa y las expectativas de castigo ejemplarizante en un país donde los siniestros viales por embriaguez siguen cobrando vidas jóvenes. Las redes sociales, epicentro de las críticas, exigen mayor sensibilidad política ante tragedias que marcan para siempre a comunidades enteras.
