En un duro golpe contra la corrupción interna, dos soldados regulares adscritos al Batallón de Policía Militar N.º 3 fueron condenados a 42 meses de prisión por vender un fusil, un proveedor y 35 cartuchos a un grupo armado al margen de la ley en Jamundí, Valle del Cauca. La transacción, valorada en 30 millones de pesos, ocurrió el 31 de marzo de 2026, y la sentencia fue emitida apenas el 28 de abril de ese mismo año por los Juzgados 1203 y 1204 (e) Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado, tras una investigación liderada por la Fiscalía 2208 Penal Militar y Policial.
La justicia penal militar actuó con celeridad en este caso, imponiendo una pena sin ejecución condicional que incluye además la interdicción de derechos y funciones públicas, así como la expulsión definitiva de la fuerza pública para los implicados. Previamente, se había ordenado medida de aseguramiento por el Juzgado 1718 (e) Penal Militar y Policial de Control de Garantías y se legalizó la captura ante el Juzgado 1715 Penal Militar y Policial de Control de Garantías, todo ello en menos de un mes desde el hecho delictivo.
Rápida respuesta judicial y compromiso institucional
Este fallo resalta la eficiencia del sistema judicial militar en casos que comprometen la seguridad institucional y ciudadana, como lo han reiterado las autoridades del Ejército Nacional. La venta de armamento a estructuras ilegales representa una traición grave a los principios de la institución, y la sentencia busca disuadir conductas similares mediante sanciones ejemplares que van más allá de la prisión, afectando permanentemente la carrera militar de los condenados.
El Ejército Nacional, a través de sus comunicados, ha enfatizado su compromiso inquebrantable para reaccionar de manera inmediata ante cualquier irregularidad que ponga en riesgo la integridad de la fuerza y la protección de los ciudadanos, consolidando así la confianza en sus procesos de control interno y judicial.
