Un juez especializado de Antioquia condenó en primera instancia a once integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre ellos los cuatro máximos cabecillas del Comando Central (Coce), por el reclutamiento ilícito de sesenta menores de edad en cinco departamentos del país durante un período de catorce años, entre 2004 y 2018. Los principales líderes sentenciados son Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, quienes recibieron una pena de veinte años y cuatro meses de prisión por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito. Junto a ellos fueron condenados Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha o La Abuela; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo; Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo; Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo; Darío de Jesús Castro; Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias Yeimi; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias Nelson; y William Alexander Zapata Mora, alias Patacón.
Los hechos ocurrieron en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, donde los menores, con edades comprendidas entre los ocho y los diecisiete años, fueron reclutados mediante «falsas promesas, amenazas y violencia física», según acreditó la Fiscalía. Una vez dentro de la estructura armada, los niños, niñas y adolescentes eran obligados a prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, recoger leña, realizar trabajos pesados y operar como radiooperadores, además de participar en combates, cobros extorsivos e instalación de explosivos. Las niñas, en particular, fueron sometidas a violencia sexual, obligadas a usar anticonceptivos y a practicarse abortos. La Fiscalía también documentó que las víctimas sufrieron «castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual», y que tres de ellas murieron mientras permanecían en las filas del ELN.
Condenas diferenciadas y órdenes de captura internacional
Las penas impuestas varían según el grado de responsabilidad de cada uno de los procesados. Además de los veinte años y cuatro meses para los cuatro miembros del Coce, Emilcen Oviedo Sierra fue condenada a catorce años y dos meses de prisión; Miguel Enrique Hernández Padilla, a doce años y ocho meses; Levis Dairon Polo Regino e Isaac Tuberquia Arias recibieron once años y diez meses cada uno; mientras que Darío de Jesús Castro, Sunilda del Carmen Hoyos Gil, Carlos Alfonso Agudelo Gómez y William Alexander Zapata Mora fueron sentenciados a once años y ocho meses de cárcel. Todos los condenados fueron declarados «personas ausentes» al no comparecer ante la justicia, por lo que el juez ordenó librar órdenes de captura en su contra y solicitó a la Interpol tramitar notificaciones rojas para facilitar su localización y detención provisional, con miras a una eventual extradición o entrega.
«Falsas promesas, amenazas y violencia física»
Mecanismo de reclutamiento descrito por la Fiscalía
El proceso estuvo a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien construyó un expediente que incluyó las situaciones que afectaron a las niñas reclutadas por la organización. Las víctimas, que pertenecían a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, quedaron bajo control de las estructuras armadas del ELN en distintas regiones del país. Sin embargo, el fallo de primera instancia no quedó ejecutoriado, ya que la defensa de los sentenciados apeló la decisión, por lo que el caso será revisado por una instancia judicial superior. Las medidas judiciales buscan hacer efectivas las penas si la condena es confirmada y adquiere firmeza tras la apelación.
