El Tribunal Superior de Antioquia impuso una condena de 28 años y tres meses de prisión a Santiago Uribe Vélez por los delitos de homicidio agravado en la muerte de Camilo Barrientos Durán y concierto para delinquir agravado como líder del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Esta decisión unánime, contenida en un fallo de 307 páginas, revocó la absolución dictada en primera instancia y se basa en pruebas y testimonios que lo señalan como el responsable intelectual del asesinato ocurrido el 25 de febrero de 1994 en la vía entre Yarumal y Campamento, en el norte de Antioquia. Según el tribunal, Uribe Vélez recopiló información sobre la víctima y dio instrucciones precisas para su ejecución a través de Juan Carlos Meneses y alias “Rodrigo”.
El caso se originó en el paramilitarismo de los años noventa en Antioquia, específicamente en la hacienda La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez, donde surgió el grupo Los 12 Apóstoles. El fallo representa un avance significativo en la investigación de estas estructuras criminales y ordena compular copias de la sentencia para indagar al menos once homicidios adicionales atribuidos al condenado. La defensa de Uribe Vélez alegó la existencia de falsos testigos y una persecución política, pero estos argumentos fueron rechazados por las contradicciones en los testimonios de sus propios declarantes.
Testimonios y antecedentes que sustentan la condena
Entre las pruebas clave figuran los testimonios de figuras como “Don Berna”, “Don Mario”, Pablo Hernán Sierra y Salvatore Mancuso, quienes vinculan directamente a Uribe Vélez con la planificación del crimen. Estos elementos superaron las dudas iniciales que llevaron a su absolución en primera instancia. En el contexto familiar, se recuerda que el padre de Santiago Uribe Vélez fue asesinado por las Farc en 1983, un hecho que dejó herido al propio procesado, lo que añade capas a la narrativa de violencia en la región.
“Actuó con conocimiento y voluntad” para afectar la vida y la seguridad pública.
Tribunal Superior de Antioquia
La sentencia, que será apelada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, marca un hito en la lucha contra el paramilitarismo en Antioquia durante los años noventa y abre la puerta a más investigaciones sobre los once homicidios pendientes, consolidando la responsabilidad histórica de estas redes en el conflicto armado colombiano.
