Miguel Ángel Meza fue condenado a 33 años de prisión por el asesinato de su hijo Salvador Meza, un bebé de apenas 14 meses, en un crimen que conmocionó a Cali en octubre de 2021. La tragedia, marcada por la violencia intrafamiliar, fue relatada por la madre del menor, Yakeline García, en el programa Séptimo Día, donde detalló cómo el padre, motivado por venganza tras el abandono de la relación, acabó con la vida del niño para herirla profundamente.
Meza, quien había sido capturado en una zona rural de Tumaco, Nariño, confesó el homicidio poco después de su aprehensión y proporcionó las coordenadas exactas donde había ocultado el cuerpo del pequeño Salvador. La relación entre Meza y García había iniciado una década antes del crimen, pero tras casarse derivó en un patrón de control y hostilidad extrema, con acoso constante y amenazas que la madre denunció repetidamente sin obtener respuesta de la Fiscalía ni de la Comisaría de Familia.
La venganza que destruyó una familia
Yakeline García describió en el programa cómo Meza ejercía un dominio asfixiante sobre su vida diaria, revisando su celular, controlando con quién hablaba, cuestionando sus horarios de salida del trabajo y presionándola para que dejara su empleo bajo la excusa de que interactuaba con hombres. Esta escalada de violencia culminó en el asesinato del bebé, un acto que el propio condenado justificó como el último recurso para impedirlo ser feliz sin él, sabiendo que ella nunca lo perdonaría.
“El juicio fue muy rápido, lo condenaron a 33 años. Él decía que hizo eso con el niño porque ya no sabía qué más hacerme para que yo no estuviera bien. Sabía que yo no lo iba a perdonar y que no podía permitir que yo fuera feliz sin él”
Yakeline García, madre de la víctima
“Me revisaba el celular, miraba con quién hablaba, revisaba mis horas de salida del trabajo. Me decía que dejara de trabajar, que si lo hacía era porque me gustaba ver a los hombres, y empezaba a tratarme mal, a insultarme”
Yakeline García, madre de la víctima
El relato de García no solo pone en evidencia la brutalidad del crimen, sino también las graves omisiones institucionales que permitieron que las denuncias previas quedaran sin atención efectiva. Aunque la justicia actuó con agilidad en el juicio, según la propia madre, el caso resalta la necesidad urgente de fortalecer la respuesta ante la violencia intrafamiliar en Colombia, evitando tragedias como esta que dejan cicatrices imborrables en las familias afectadas.
