La Fiscalía General de la Nación confirmó la condena contra Francisco Javier Estupiñán Bravo, exrepresentante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, por su participación en el entramado de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Tras un proceso de allanamiento de cargos y la suscripción de un principio de oportunidad con el ente acusador, la pena inicial de 16 años, 7 meses y 6 días de prisión fue reducida a 9 años, 11 meses y 27 días. La decisión fue anunciada el domingo 23 de agosto por el Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó el fallo emitido en marzo de 2026 por el Juzgado 11 Penal con función de conocimiento de la capital.
La investigación determinó que Estupiñán Bravo fue pieza clave en el direccionamiento y la adjudicación irregular de un contrato de proveeduría por 29.000 millones de pesos, destinado al suministro de 40 carrotanques para abastecer de agua a comunidades indígenas de La Guajira. El esquema fraudulento consistió en la entrega de certificaciones falsas que acreditaban la disponibilidad inmediata de los vehículos, los cuales, en realidad, aún no estaban ensamblados. Estas certificaciones se sustentaban en una supuesta alianza comercial que nunca existió, lo que permitió la consecución de desembolsos por 25.375 millones de pesos entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
Las cifras del desfalco y los delitos imputados
El perjuicio para el erario fue cuantioso. Según la Fiscalía, los sobrecostos en el contrato ascendieron a 11.114 millones de pesos. De ese total, el exrepresentante de ventas y el representante legal de la corporación se apropiaron de 4.330 millones de pesos, mientras que 6.784 millones fueron recibidos por terceros, entre funcionarios y personas externas a la corporación. Los delitos aceptados por Estupiñán Bravo en el marco del acuerdo son peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos. Como parte del principio de oportunidad, la Fiscalía cesó parcialmente la acción penal por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado y falsedad en documento privado.
La condena impuesta incluye, además de la pena privativa de la libertad, una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 119,9 meses y dos multas: una por 5.000 millones de pesos y otra equivalente a 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como parte del acuerdo, Estupiñán Bravo se comprometió a aportar información clave sobre otros involucrados en la trama corrupta, a reparar económicamente los daños causados y a construir obras de infraestructura conmemorativas para las comunidades afectadas en La Guajira.
Un prófugo con orden internacional y una investigación en curso
Mientras Estupiñán Bravo enfrenta su condena, el caso mantiene en la mira a César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien permanece prófugo de la justicia. En su contra pesa una orden de captura internacional y una notificación roja de Interpol, vigentes por su presunta responsabilidad en el entramado. La Fiscalía ya había confirmado una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Manrique Soacha, debido al alto riesgo de evasión procesal. El ente acusador mantiene la acusación en su contra por los delitos de falsedad ideológica y falsedad en documento privado.
La investigación, coordinada por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, sigue abierta para identificar a otros beneficiarios de los recursos desviados. El grupo liderado por Estupiñán Bravo operó durante tres meses, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, tiempo en el que se gestionaron los desembolsos y se fraguó la documentación falsa. La colaboración del condenado será determinante para esclarecer la totalidad del entramado y establecer las responsabilidades de otros funcionarios y particulares involucrados. Aunque la condena ya fue confirmada, los recursos legales siguen disponibles para los procesados.
