Un juez del Circuito de Bogotá condenó a Martín Rubiano-Groot Arias y Nicolás Gutiérrez Solórzano, ambos de 24 años, por el delito de lesiones personales agravadas en contra de Pablo Gutiérrez Villate, estudiante de la Universidad de los Andes. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de octubre de 2021, a la salida de la discoteca Rocket en la Zona T de la capital, donde una discusión inicial por una mesa escaló a una agresión física con puños y patadas que dejó al joven con fracturas en la nariz y la cuenca orbital derecha, captados por cámaras de seguridad.
La sentencia, emitida por el Juez 126 Penal del Circuito tras poco más de un año de proceso, impone a los condenados penas de entre 16 y 25 meses de prisión, equivalentes a un año y cuatro meses hasta dos años y un mes, aunque el monto definitivo está pendiente. Además, se exige una reparación integral de 200 millones de pesos a la víctima, quien aún requiere una cirugía reconstructiva con placa metálica y tornillo para corregir las secuelas de los golpes en el rostro.
Condemnados residen en el extranjero y planean apelar
A pesar de la condena, Rubiano-Groot Arias reside en Vancouver, Canadá, donde estudia en la University Canada West y trabaja como consultor en prevención de violencia, mientras que Gutiérrez Solórzano vive en Madrid, España, empleado en el sector inmobiliario tras estudiar derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de los Andes. La sentencia no es firme y la defensa, liderada por el exfiscal Mario Iguarán, anunció que apelará y solicitará la suspensión de la pena, alegando desestimación de pruebas y posible participación de otras personas en la agresión, aunque la Fiscalía resaltó la contundencia de los videos como evidencia clave en este caso de complejidad transnacional.
«yerro jurídico»
Mario Iguarán, exfiscal y abogado de la defensa
Este fallo judicial subraya las consecuencias de las agresiones nocturnas en entornos de diversión bogotana, incluso cuando los responsables intentan eludir la justicia desde el exterior, dejando a la víctima con secuelas físicas y emocionales que demandan no solo reparación económica, sino también un cierre definitivo al proceso.
