El exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, fue declarado responsable en primera instancia del delito de peculado por uso, luego de que un juez determinara que utilizó el estadio Manuel Murillo Toro para celebrar el cumpleaños de su hijo durante la pandemia de COVID-19. La decisión judicial, conocida el lunes 27 de julio de 2025, señala que el 6 de marzo de 2021, en medio de las restricciones sanitarias, Hurtado organizó una fiesta familiar en el escenario deportivo, que incluyó un partido de fútbol, terna arbitral, narración, alimentos y vehículos estacionados sobre la pista atlética. El fallo en primera instancia también cobijó a Alejandro Ortiz, exgerente del Imdri, por facilitar el uso del bien público para fines particulares.
La condena se sustenta en el artículo 3 del Código Penal, que prevé para el delito de peculado por uso una pena de prisión de 16 a 72 meses e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo término. La defensa de Hurtado, liderada por la abogada María Fernanda Bulla, argumentó que «no existían pruebas contundentes contra el exmandatario» y sostuvo que su presencia en el estadio obedecía a una revisión de las obras. Sin embargo, el juez consideró que el uso del bien público para un evento privado constituyó una apropiación indebida de recursos y espacios destinados a la comunidad.
Antecedentes y contexto político
Hurtado fue alcalde de Ibagué entre 2020 y 2023, periodo marcado por la pandemia. Este no es su único frente judicial: en 2023, la Procuraduría General de la Nación le impuso en primera instancia destitución e inhabilidad por 12 años por participación indebida en política. La decisión judicial actual aún puede ser apelada por la defensa, que buscará revertirla en instancias superiores.
El caso también ha puesto en el centro de la polémica a Didier Blanco, designado recientemente como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Blanco, aliado político de Hurtado, fue candidato a la Cámara de Representantes en marzo de 2025 por una coalición de los partidos de la U, Salvación Nacional, ADA y Mira, impulsado por la estructura del denominado «Hurtadismo». Su nombramiento en la UNP ha generado críticas incluso entre congresistas de derecha, como el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático.
«Un desastre», calificaron concejales de Ibagué la gestión de Blanco al frente de la Gestora Urbana.
Las críticas a la administración de Blanco no son nuevas. Durante su paso por la Gestora Urbana, se señalaron presuntas irregularidades administrativas, como la colocación de un aviso publicitario sin contrato ni permisos, aunque sin que trascendieran procesos formales en su contra. Posteriormente, al frente de la Unidad de Salud de Ibagué, sindicatos y críticos lo acusaron de agravar el déficit financiero de la entidad, promoviendo un «derroche burocrático y politiquero», con la creación de más de 300 nuevos cargos y aumentos salariales de hasta el 80% en solo cuatro meses.
El vínculo con el senador Bermeo y la UNP
Además, Blanco es cercano al senador Alejandro Bermeo, de Salvación Nacional, quien está acusado de presunto abuso sexual. En ese caso, Blanco figura como testigo clave, luego de alertar a las autoridades sobre un intento de extorsión. Su nombramiento como director de la UNP se suma a una serie de controversias que involucran a exfuncionarios del gobierno de Hurtado, mientras la justicia avanza en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el uso indebido del estadio Manuel Murillo Toro, un símbolo deportivo de la capital tolimense.
