La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Especial de Primera Instancia, condenó al excongresista Germán Olano Becerra a 40 meses y 15 días de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La sentencia se enmarca en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, específicamente por su participación en la adjudicación del contrato 137 de 2007 correspondiente a la Fase III de TransMilenio, que incluía la construcción de la calle 26. Olano, quien se desempeñó como senador y representante a la Cámara, fue señalado por la Corte de haber actuado como intermediario para beneficiar al Grupo Nule, representado en la Unión Temporal Transvial.
La investigación determinó que el excongresista intervino directamente en reuniones para pactar sobornos y recibió pagos a través de contratos de obra simulados. Estos acuerdos ilegales permitieron que una propuesta que no cumplía con los requisitos básicos de la licitación, específicamente en cuanto al cupo de crédito, obtuviera la adjudicación del contrato. La Corte subrayó que, aunque Olano no era el servidor público encargado directamente de las funciones contractuales, sí concurrió junto a los funcionarios que las tenían para lograr su cometido criminal, vulnerando los principios de igualdad, moralidad, transparencia e imparcialidad que rigen la contratación estatal.
Además de la pena privativa de la libertad, el excongresista deberá pagar una multa equivalente a 44,53 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una indemnización de 3.436.759.367 pesos al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por los daños materiales ocasionados. Asimismo, se le impuso una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 4 años y 28 días. La Sala Especial de Primera Instancia negó tanto la suspensión condicional de la pena como el beneficio de prisión domiciliaria, y ordenó la captura inmediata de Olano, con notificación roja de Interpol, dado que el condenado reside actualmente en Miami, Estados Unidos.
«Si bien Olano Becerra no era el servidor que tenía a su cargo funciones contractuales con relación a la referida operación, sí concurrió junto a los servidores públicos que las tenían para lograr su cometido criminal».
Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia
El proceso contra Olano se remonta a la administración del fallecido alcalde Samuel Moreno (2008-2010) y tomó impulso en junio de 2010, cuando una grabación reveló conversaciones entre Miguel Nule y el excongresista sobre coimas destinadas al entonces representante y al excontralor Miguel Ángel Moralesrussi. Olano ya había aceptado responsabilidad por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en etapas previas del proceso, pero se declaró inocente del cargo de interés indebido en la celebración de contratos, por el cual ahora fue condenado. La Fiscalía deberá investigar además a Miguel Eduardo Nule Velilla por presunto falso testimonio, según las copias compulsadas por la Sala.
El caso de Germán Olano se suma a otras condenas emblemáticas del carrusel de la contratación. Los hermanos Nule fueron condenados en 2011 a 15 años de prisión por peculado, mientras que Emilio Tapia recibió en 2015 una sentencia de 7 años, de la que obtuvo libertad condicional en 2019. En el ámbito disciplinario, la Procuraduría había destituido e inhabilitado a Olano en 2011 por 15 años, sanción que luego fue reducida a 12 años, por incremento injustificado de patrimonio y concusión. La Corte Suprema, al dictar esta nueva condena, reiteró que las acciones del excongresista derivaron en el detrimento de los principios esenciales de la contratación estatal.
