En una decisión judicial que pone de relieve la gravedad de la violencia digital y la extorsión, Johan David Torres Ascanio, de 31 años, fue condenado a 12 años y 3 meses de prisión por extorsionar a una mujer de 37 años en Río Viejo, sur de Bolívar. El hombre exigía a su víctima la suma de 1.200.000 pesos a cambio de no divulgar en redes sociales unos videos íntimos que estaban en su poder. La condena, emitida por un juez con funciones de Conocimiento, abarca los delitos de extorsión y tentativa de extorsión, e incluye la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo período de la pena privativa de la libertad.
Los hechos se registraron entre agosto y septiembre de 2023, cuando Torres Ascanio contactó a la mujer y, bajo la constante amenaza de difundir las grabaciones en plataformas digitales, la presionó para que realizara pagos. La víctima hizo tres transferencias: la primera por 100.000 pesos, la segunda por 200.000 y la tercera por 400.000, las cuales fueron entregadas al condenado en medio del temor de ver expuesta su vida privada. Sin embargo, cuando el hombre se disponía a retirar uno de los depósitos, uniformados del Gaula de la Policía Nacional lo capturaron en flagrancia.
Investigación y fallo
El caso fue investigado por un fiscal de la Seccional Bolívar, quien recopiló las pruebas determinantes para que el juzgador dictara la sentencia condenatoria. De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación, las evidencias presentadas fueron contundentes para demostrar la responsabilidad de Torres Ascanio en la conducta delictiva.
«Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez con funciones de Conocimiento condenara a 12 años y 3 meses de prisión a Johan David Torres Ascanio»
Fiscalía General de la Nación
Tras su captura, y en un giro procesal, Torres Ascanio admitió ser responsable de los delitos de extorsión y tentativa de extorsión. Según el ente acusador, el hombre lo hizo «de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado», lo cual permitió que el proceso concluyera de manera anticipada con la condena. La víctima, que durante semanas vivió bajo la zozobra de que sus videos íntimos fueran divulgados, encontró en la acción oportuna de las autoridades una protección a su derecho a la intimidad y la tranquilidad. Este caso se suma a las crecientes alertas sobre la extorsión sexual en el país y subraya la importancia de denunciar este tipo de delitos ante las autoridades competentes.
