El Tribunal Superior de Antioquia condenó en mayo de 2024 a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, al ser señalado como el creador y director del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles” en Yarumal, norte de Antioquia, durante la década de 1990. Esta sentencia en segunda instancia revocó la absolución previa dictada en primera instancia y se basó principalmente en los testimonios de exintegrantes de la fuerza pública, como Juan Carlos Meneses, comandante de la Policía de Yarumal, y John Jairo Álvarez Accudelo, personero de Campamento. La decisión judicial se fundamentó en las operaciones del grupo armado ilegal vinculadas a homicidios selectivos bajo el concepto de “limpieza social”, incluyendo el asesinato de Camilo Barrientos Durán en 1994.
La pena impuesta a Santiago Uribe Vélez asciende a 103 meses y 16 días de prisión. En el mismo contexto, se menciona la condena previa de Mario Uribe Escobar, primo del procesado y también pariente del expresidente, quien recibió una sentencia de 90 meses de prisión dictada por la Corte Suprema de Justicia en 2011 por concierto para delinquir agravado en el marco del escándalo de la parapolítica, relacionado con acuerdos electorales con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Contexto familiar y antecedentes judiciales
La familia de Álvaro Uribe Vélez ha enfrentado múltiples procesos judiciales en las últimas décadas por presuntos vínculos con paramilitarismo, parapolítica y narcotráfico. Entre ellos destaca Dolly Cifuentes Villa, excuñada de Álvaro Uribe, capturada en 2011 y extraditada a Estados Unidos en 2012 por narcotráfico y lavado de activos; Ana María Uribe Cifuentes, sobrina del expresidente, incluida en la Lista Clinton por lavado de activos como testaferro; y Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe, quien falleció en 1983 durante un intento de secuestro y ha sido objeto de señalamientos no comprobados judicialmente sobre presuntas relaciones con el Cartel de Medellín y la familia Ochoa.
La defensa de Santiago Uribe Vélez anunció que presentará una impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Superior de Antioquia aclaró en su fallo que no encontró elementos que sugieran una “conspiración política”, destacando que las declaraciones clave provienen de 1990, antes de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
