Un juez penal del Circuito de Cartagena impuso duras condenas a tres patrulleros de la Policía Nacional por el homicidio agravado de un joven futbolista ocurrido el 24 de agosto de 2020 en el barrio San Francisco de esa ciudad, en el departamento de Bolívar. Octavio Darío Porras Vides recibió 44 años y dos meses de prisión, Iván Darío Olivo de Ávila fue sentenciado a 13 años y seis meses, mientras que Esteban Gómez Ricard enfrentará 14 años tras las rejas. Los uniformados también fueron hallados culpables de favorecimiento agravado y falsedad ideológica en documento público, en un caso que expuso graves abusos policiales y un intento de encubrimiento.
El crimen tuvo lugar en un lavadero de automóviles, donde el adolescente, originario de una escuela de fútbol en Cali y que se encontraba temporalmente en Cartagena, fue agredido físicamente por los patrulleros porque no proporcionó información exacta sobre los horarios del establecimiento. Tras una persecución, Porras Vides le disparó en el abdomen, dejando al joven gravemente herido. Los policías intentaron encubrir el hecho fabricando reportes falsos que acusaban a un supuesto pandillero armado con un arma artesanal, la cual resultó no apta para disparar. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de la herida.
Pruebas irrefutables y sentencia de primera instancia
La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación a través de su Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, contó con testimonios clave, análisis balísticos y actuaciones de policía judicial que desmontaron por completo la versión oficial de los implicados. Esta sentencia de primera instancia abre la puerta a recursos de ley, pero ya genera amplia repercusión por el nivel de manipulación y abuso de poder demostrado por los uniformados.
El caso se enmarca en un contexto más amplio de irregularidades policiales, como el confirmado por la Corte Suprema de Justicia el 1 de diciembre de 2025, cuando ratificó condenas pero redujo penas a Nelson Jesús Arévalo Rodríguez, teniente coronel en retiro, Fleyber Leandro Zarabanda Payán, subintendente, Juan Carlos Leal Barrero, sargento, y Wilmer Antonio Alarcón Vargas, patrullero, por favorecimiento al homicidio y porte ilegal de armas en la alteración de la escena del crimen de Diego Felipe Becerra, ocurrido el 19 de agosto de 2011 en el occidente de Bogotá. Estos fallos judiciales subrayan la necesidad de mayor accountability en las fuerzas del orden.
