En Soacha, Cundinamarca, los conductores de transporte público mantienen un paro indefinido desde el 17 de febrero, motivado por las extorsiones de estructuras criminales que han cobrado la vida de dos colegas, incluyendo el asesinato de Agustín el 14 de febrero y el de un calibrador durante una jornada de protesta. Esta es la tercera jornada de paralización, que afecta especialmente a las comunas alejadas de la estación San Mateo de TransMilenio, donde miles de residentes deben caminar largas distancias, incluso después de las 5:00 p.m., en zonas con poca iluminación y nula presencia policial. El alcalde Julián Sánchez “Perico” atribuye la protesta a operativos recientes en articulación con la Dijín de la Policía Nacional, que inmovilizaron 30 buses por operar de manera ilegal y sin cumplir normas de seguridad.
Las amenazas provienen de panfletos y audios firmados por alias Moisés, un extorsionador ligado a estructuras criminales consolidadas en las comunas de Soacha, a las que los conductores atribuyen ser de origen venezolano. En estos mensajes, se exige el pago de 100.000 pesos semanales por parte del gremio, bajo pena de más violencia, como ya ocurrió con los homicidios reportados. Los transportadores denuncian que las declaraciones del alcalde representan una falta de apoyo, priorizando la legalidad sobre su seguridad, en un contexto donde algunos vehículos no tienen papeles al día precisamente por las pérdidas económicas causadas por las extorsiones.
Amenazas explícitas y respuesta oficial
En un audio divulgado por Periodismo Público, alias Moisés dejó un mensaje claro dirigido a los conductores: “Nosotros les llegamos de la mejor manera y no nos quisieron solucionar y nos vimos en la obligación de hacer lo que hicimos con el señor Agustín. La vuelta es la siguiente: necesitamos que busquen un vocero y se reúnan todos, que lleguen a un acuerdo con nosotros. Necesitamos que nos apoyen con 100.000 pesos semanalmente”.
“En articulación con la Dijín de la Policía Nacional, inmovilizamos 30 vehículos que operaban de manera ilegal en la ciudad y que no cumplían con las normas de seguridad exigidas para la prestación del servicio público. Durante los operativos, un pequeño grupo de conductores generó bloqueos en varios puntos. Sin embargo, gracias al respaldo de los transportadores formales y al trabajo coordinado de nuestras autoridades, logramos restablecer el servicio de manera oportuna. En Soacha seguimos actuando con determinación para proteger la legalidad, la seguridad de los usuarios y el trabajo digno de quienes sí cumplen las normas”.
Julián Sánchez “Perico”, alcalde de Soacha
Por su parte, un conductor anónimo expresó a Infobae Colombia la frustración del gremio: “Nosotros denunciamos que nos matan a dos compañeros y él sale a decir que somos ilegales. Claro que hay algunos que no tienen los papeles al día, pero es por lo mismo, porque ya no ganamos nada; si nos extorsionan, ¿de dónde pagamos las cosas?”.
“Nosotros denunciamos que nos matan a dos compañeros y él sale a decir que somos ilegales. Claro que hay algunos que no tienen los papeles al día, pero es por lo mismo, porque ya no ganamos nada; si nos extorsionan, ¿de dónde pagamos las cosas?”
Conductor de transporte público (anónimo)
Hasta el momento, no se ha anunciado ningún diálogo entre el gremio de transportadores y la Alcaldía en el corto plazo, dejando a los ciudadanos de Soacha en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad, mientras las extorsiones persisten sin una solución visible por parte de las autoridades.
