La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por diez años del subintendente de la Policía Yimy Rodríguez Bolívar, quien fue hallado responsable de realizar tocamientos de carácter sexual a una menor de 15 años dentro de las instalaciones de la estación de Policía de Arcabuco, en Boyacá. La decisión, comunicada el pasado 18 de junio de 2026, quedó en firme tras el rechazo definitivo de la apelación interpuesta por la defensa del uniformado, sellando así un proceso disciplinario que la entidad calificó como una falta gravísima cometida a título de dolo.
Los hechos que llevaron a esta sanción ocurrieron mientras la adolescente cumplía con actividades de servicio social en la estación policial, lugar donde el subintendente, que se desempeñaba como gestor de Participación Ciudadana, aprovechó su posición para realizar los tocamientos indebidos. La Procuraduría, al revisar el caso en segunda instancia, descartó de plano las objeciones presentadas por la defensa, que intentaron cuestionar el proceso argumentando supuestas irregularidades procesales, falta de pruebas y una vulneración del debido proceso. Para el ente de control, el análisis conjunto del material probatorio fue contundente y sostuvo la sanción disciplinaria impuesta inicialmente por la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento N.° 1 del departamento de Policía Boyacá.
Procuraduría desestima argumentos de la defensa
La defensa legal de Yimy Rodríguez Bolívar había apelado el fallo de primera instancia, pero la Procuraduría determinó que no existían los vicios alegados y que el proceso disciplinario avanzó en estricto cumplimiento de la ley. La entidad consideró que la conducta del subintendente fue clara y que las pruebas recogidas durante la investigación eran suficientes para establecer su responsabilidad en los tocamientos sexuales contra la menor. Así, la destitución e inhabilidad general por diez años se mantiene como la sanción definitiva, lo que le impide al exuniformado ejercer cualquier cargo público en el futuro.
En un contexto más amplio, la Procuraduría también informó sobre otro caso disciplinario de alta gravedad que involucra a miembros de la fuerza pública. Se trata del cabo primero del Ejército Nacional David Esteban Mallama Cadena, quien fue separado de las Fuerzas Militares e inhabilitado por diez años tras ser hallado responsable de acoso sexual y actos sexuales violentos contra varios soldados bajo su mando. Los hechos ocurrieron entre agosto y noviembre de 2024 en el municipio de Calamar, Guaviare. En este caso, el fallo también fue apelado por la defensa del militar, aunque la Procuraduría no ha emitido aún una resolución definitiva sobre ese recurso.
