La congresista Jennifer Pedraza denunció irregularidades en dos contratos adjudicados a Juliana Guerrero por la Universidad Industrial de Santander (UIS), por un valor total de 12 millones de pesos, alertadas también por la Contraloría General de la República. Los contratos, firmados el 1 de noviembre de 2023 por 9 millones de pesos, pagados en tres desembolsos, y en enero de 2024 por 3 millones en una cuota, correspondían a servicios de gestión territorial en convivencia y seguridad. Sin embargo, los entregables se limitaron a listas de asistencia con participación mínima de cinco personas, incluyendo a la hermana de Guerrero, Verónica Guerrero, y archivos Excel sin soportes documentales ni gráficos verificables, avalados como satisfactorios por los supervisores Luis Eugenio Prada y Diego Fernando Jaimes pese a la ausencia de informes requeridos.
Las actividades contratadas incluían acompañamiento a protestas sociales, socialización del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida e informes sobre conflictividad social. Entre las evidencias presentadas destaca una lista de asistencia del 12 de noviembre de 2023 con solo cinco asistentes y un informe de gestión del 15 de noviembre en formato Excel, junto a imágenes de Juntas de Acción Comunal donde Juliana Guerrero no aparece en campo. La contratación directa generó sospechas de falta de transparencia y rigurosidad, con pagos realizados contra informes insuficientes que limitan la trazabilidad y verificación del cumplimiento de principios como la planeación y motivación en la selección del contratista.
Denuncias de la congresista y alerta de la Contraloría
La denuncia pública de Jennifer Pedraza se dio a través de derechos de petición, coincidiendo con la revisión de expediente por parte de la Contraloría, que cuestionó la debida motivación en los procesos. En uno de los contratos, Juliana Guerrero incluyó a su hermana Verónica firmando planillas de asistencia como supuesta evidencia de trabajo realizado.
«Que en uno de los contratos de la @UIS —sí, el más alto, de nueve millones— la misma Juliana Guerrero puso a su hermana a firmar una planilla de asistencia y pasó eso como evidencia de trabajo»
Jennifer Pedraza, congresista
«esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa»
Contraloría General de la República
Este escándalo se enmarca en el contexto de Juliana Guerrero, quien ocupó espacios en la Casa de Nariño sin experiencia profesional ni títulos universitarios. La fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera imputará cargos en su contra por fraude procesal y falsedad ideológica en títulos para asumir como viceministra de Juventudes, lo que podría derivar en daño fiscal si persisten las faltas documentales en los contratos de la UIS. La veeduría ciudadana exige mayor control en la contratación pública para evitar estos casos de opacidad.
