La congresista María José Pizarro encendió las alarmas sobre una presunta orden de destrucción de archivos audiovisuales de su padre, el excomandante del M-19 y candidato presidencial Carlos Pizarro, así como del movimiento guerrillero al que perteneció. A través de una publicación en la red social X, la senadora afirmó que Abelardo de la Espriella, presidente de RTVC, habría dado la instrucción de eliminar cualquier registro audiovisual relacionado con estas figuras históricas, tanto en el sistema de medios públicos como en otras entidades que custodian archivos históricos del país. “De ser cierto está en riesgo no solo la memoria sino la historia de Colombia y los archivos de la nación”, advirtió Pizarro en la misma publicación.
La denuncia surge en medio de una fuerte controversia desatada por el retiro de al menos treinta obras del Museo Nacional, entre las que se encontraban afiches de la campaña presidencial de Carlos Pizarro y de Bernardo Jaramillo Ossa, ambos candidatos de izquierda asesinados en 1990. El propio De la Espriella había anunciado previamente, durante una visita al Ministerio de Cultura, que había dado instrucciones a la ministra para que “toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos”. En esa oportunidad, el funcionario aseguró que no aceptaría “la apología del terrorismo” y que, bajo este Gobierno, esa práctica se había acabado.
Un patrimonio histórico en la mira
RTVC, a través de su programa Señal Memoria, resguarda un invaluable acervo cultural que incluye más de 600.000 soportes audiovisuales y más de 200.000 documentos catalogados. Allí se conservan registros del conflicto armado colombiano, procesos de paz y testimonios de distintas épocas de la historia nacional. La posible orden de destrucción de archivos sobre el M-19 y Carlos Pizarro representa, según expertos y voces de la oposición, una amenaza directa a la memoria histórica del país, especialmente en un momento en que el debate sobre qué debe mostrarse en los espacios públicos ha cobrado intensidad.
El retiro de las obras del Museo Nacional generó una reacción inmediata en la ciudadanía. Más de 500 personas se congregaron el sábado 17 de octubre en las inmediaciones del museo para protestar por la preservación del patrimonio histórico. A su vez, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió una tutela relacionada con la remoción de cerca de 50 piezas y obras de arte, y otorgó un día hábil a las entidades involucradas para que presenten un informe detallado y las copias de las actuaciones administrativas que motivaron la decisión. El juzgado también solicitó aclarar si la orden fue formalizada por escrito y cuál fue su fundamento legal.
“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás. Retirarlos de la mirada pública empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad”.
Pronunciamiento conjunto de museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Tolima y Museo Rayo de Roldanillo
Frente a esta controversia, la ministra de Cultura, Paola Holguín, se pronunció en su cuenta de X para señalar que la función del Museo Nacional es “conservar, restaurar, proteger y socializar nuestra cultura”, y que este “no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental”. Sus declaraciones se suman a un debate que trasciende lo institucional y toca fibras sensibles sobre la memoria del conflicto y el papel de los archivos públicos en una sociedad que busca reconciliarse con su pasado.
