La congresista Lina María Garrido, de Cambio Radical, ha denunciado ante la opinión pública que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha permitido un aumento sostenido del reclutamiento de menores y ha responsabilizado al Ejecutivo por las muertes de niños y adolescentes en bombardeos atribuidos a operaciones militares, en el marco de un debate que se ha intensificado en los últimos tres años, entre 2022 y 2025, en Colombia.
Garrido comunicó sus señalamientos a través de declaraciones públicas y mensajes en redes sociales, señalando cifras y comparaciones que, según ella, demuestran una permisividad que agrava la violencia y la vulnerabilidad de la infancia. En su intervención sostuvo que la gravedad de la situación exige exigir responsabilidades al Gobierno y cuestionar la versión oficial sobre la seguridad y la lucha contra las estructuras criminales que reclutan a menores. En paralelo, el contexto de procesamientos y de avances o retrocesos en los procesos de paz añade una lectura política a estas denuncias, que se cruzan con las críticas a la gestión de Iván Cepeda y a la actuación de algunos firmantes de acuerdos de paz que, según la congresista, no enfrentaron penas correspondientes, mientras que líderes de grupos criminales han accedido a cargos en el Congreso.
Contexto y reacciones políticas
El panorama se enmarca en la apertura de cinco indagaciones por muertes de menores en bombardeos que, según la Procuraduría General de la Nación, se atribuyen a operaciones del Ejército. Mientras la administración de Petro sostiene que la responsabilidad recae en las organizaciones criminales que reclutan a menores, Garrido insiste en que hay una responsabilidad compartida y una permisividad que facilita estos hechos. En este marco, la seguridad y la paz se presentan como ejes contrapuestos: Petro ha defendido mantener operaciones militares para evitar riesgos a los menores, mientras Garrido tacha esa postura de permisiva y de abuso político de la causa de la infancia.
«Maldito quien se alegre por la muerte de un niño en medio de la guerra, pero mil veces maldito quien permite los escenarios en que nuestros menores son reclutados. Ese infierno para nuestros menores lo volvió a abrir usted, Gustavo Petro. Muchas veces lo denuncié en los controles políticos» – Lina María Garrido, Congresista (Cambio Radical)
«Petro y Cepeda, a ustedes no les importan los niños de Colombia. Les sirvieron para hacer campaña y los olvidaron» – Lina María Garrido, Congresista (Cambio Radical)
«Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta de que así se cubrirán de riesgos militares mayores. En mi gobierno se ha reducido un 34% el reclutamiento de menores» – Gustavo Petro
Entre los datos citados se destaca que, según el recuento de la Procuraduría, al menos 15 menores han muerto en ataques atribuidos a operaciones militares; que la misma entidad abrió cinco indagaciones por estos hechos; y que el reclutamiento de menores pasó de 15.000 en 2022 a más de 25.000 en 2025, con más de 1.000 adolescentes reclutados en los últimos tres años. En Chocó, se han registrado casos de suicidio de menores para evitar ser llevados a la guerra, un fenómeno que la oposición utiliza para señalar la magnitud de la crisis humanitaria.
En este marco, Iván Cepeda aparece mencionado como figura de respaldo del proceso de paz y de conversaciones que, desde sectores críticos, se han visto cuestionadas por la evidencia de que algunos firmantes de acuerdos de paz no enfrentaron penas, mientras que otros líderes de grupos armados han accedido a cargos en el Congreso. El debate también incorpora observaciones sobre el fortalecimiento de grupos armados vinculado al auge del narcotráfico, un factor que, según los críticos, agrava la violencia y la vulnerabilidad de los menores en el país.
Este intercambio de declaraciones y cifras sitúa a Colombia frente a una disyuntiva entre continuidad de operativos de seguridad para contener el reclutamiento y una revisión del marco institucional y de las garantías de accountability para agentes estatales y actores no estatales. Las investigaciones de la Procuraduría, las lecturas de los procesos de paz y la dinámica de la violencia en las regiones vulnerables marcan el pulso de un debate que, a la vez, busca responder a una crisis humanitaria de menores cada vez más visible en distintos rincones del territorio.
