La congresista Esmeralda Hernández presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca eliminar de forma progresiva el uso de perros en labores de vigilancia privada en Colombia. La iniciativa, de alcance nacional, aplica a empresas de seguridad privada, entidades públicas y contratantes, y plantea un período de transición antes de la prohibición total, con medidas estrictas de bienestar animal, registro, retiro y adopción de los caninos.
Durante la transición, que no será inmediata, las empresas de vigilancia deberán cumplir condiciones específicas para proteger a los perros. Se establece una jornada laboral máxima de cinco horas diarias, con un tiempo de confinamiento continuo que no podrá superar las cuatro horas. Además, queda prohibido que los animales trabajen en turnos nocturnos, comprendidos entre las siete de la noche y las seis de la mañana. El proyecto también prohíbe la compra y venta de perros destinados a vigilancia, así como el uso de métodos coercitivos en su entrenamiento.
Medidas de control y bienestar durante la transición
Las empresas deberán instalar sistemas de monitoreo audiovisual en los puestos de vigilancia donde se empleen perros, y someterse a inspecciones y auditorías externas por parte de las autoridades competentes. El Gobierno nacional, por su parte, tendrá la obligación de diseñar protocolos preventivos que garanticen el bienestar animal durante este período de eliminación gradual. Los contratantes, tanto entidades públicas como privadas, asumirán responsabilidad solidaria frente al cumplimiento de estas disposiciones.
La iniciativa no solo busca eliminar la presencia de animales en labores de seguridad, sino también garantizar un retiro digno de los perros. Para ello, se creará un Plan Nacional de Registro, Retiro y Adopción de Perros de Vigilancia, que contempla la rehabilitación de los caninos y su posterior adopción bajo seguimiento institucional. Los animales retirados no podrán ser abandonados, sacrificados, comercializados, entregados sin control oficial ni destinados a reproducción o actividades comerciales. El proyecto prioriza el retiro de aquellos perros que presenten lesiones, enfermedades degenerativas, signos de vejez, estrés crónico u otras condiciones de salud que afecten su calidad de vida.
Con esta propuesta, la congresista Hernández busca poner fin a una práctica que, según defensores de los derechos animales, expone a los perros a condiciones de confinamiento prolongado, estrés y riesgos físicos. La iniciativa, que ahora deberá surtir su trámite en el Congreso, representa un cambio significativo en la regulación de la seguridad privada en Colombia, al poner el bienestar animal como eje central de la normativa.
