En una reciente intervención en la Cámara de Representantes, el congresista del Centro Democrático Daniel Briceño solicitó al Gobierno Nacional que las megacárceles de máxima seguridad anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella no sean administradas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Como alternativa, el representante propuso implementar esquemas de concesión o participación privada para la gestión de estos nuevos centros de reclusión, argumentando que la actual institución carece de la flexibilidad operativa necesaria y se ha visto envuelta en presuntos casos de corrupción.
La propuesta de Briceño surge a raíz del anuncio presidencial realizado durante la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar, donde De la Espriella ordenó al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, recuperar el control de las prisiones colombianas, que calificó como “universidades del crimen”. En ese acto, el mandatario aseguró que “vamos a recluir a los más peligrosos” y advirtió que “funcionario que no da resultado, sale”, dejando claro que la directriz incluye una advertencia de remoción para aquellos que no cumplan con la instrucción de restablecer la autoridad en los centros penitenciarios.
Separar la administración de las cárceles
La postura del representante Briceño no busca una reforma total del sistema, sino una separación entre la gestión de las instalaciones existentes y las futuras. “El Inpec siga administrando las cárceles que ya están”, precisó el congresista, quien advirtió que “si Colombia va a avanzar en nuevas cárceles, no vamos a hacer nada” si esos espacios quedan nuevamente en manos de la entidad. El parlamentario fue tajante al afirmar que “el Inpec es un problema para el país”, vinculando la falta de resultados a la existencia de sindicatos y otros factores internos que limitan la capacidad de acción de la institución.
El presidente De la Espriella, por su parte, ya había anticipado la participación de empresas privadas en el proyecto de megacárceles. Durante su intervención, el jefe de Estado precisó que los nuevos centros “deben ser administrados por particulares”, en lo que constituye una de sus promesas de campaña para recluir a señalados de terrorismo y delitos graves. El mandatario fue enfático al referirse a los reclusos: “Son terroristas y así los vamos a tratar”, dejando claro que el Gobierno no reconocerá estatus político a quienes mantengan acciones armadas contra el Estado, aunque quienes abandonen la actividad criminal podrán acogerse a los mecanismos de sometimiento establecidos por la ley.
«Hay que meterle autoridad»
Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático
La discusión planteada por Briceño se centra exclusivamente en la administración de la expansión carcelaria, y no en la construcción de la infraestructura. Aunque el congresista no detalló cómo funcionarían los esquemas de concesión ni los mecanismos de control estatal que se aplicarían, el objetivo declarado de su propuesta apunta a corregir los problemas de control que aquejan al sistema penitenciario, reforzar la autoridad dentro de las prisiones y mejorar los procesos de resocialización. El debate deja sobre la mesa la pregunta sobre el modelo de gestión que adoptará el Gobierno para las futuras megacárceles, mientras el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el director del Inpec quedan como actores clave en la implementación de una reforma que promete ser transformadora para el sistema carcelario colombiano.
