El representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, presentó ante la Corte Constitucional una intervención ciudadana en la que solicita declarar exequible el Decreto Legislativo 1261 de 2026, mediante el cual el presidente Abelardo de la Espriella declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Chocó el pasado 10 de agosto. El documento, radicado formalmente ante el magistrado ponente Juan Carlos Cortés González, argumenta que la medida cumple con todos los presupuestos formales y materiales exigidos por la Constitución para enfrentar una calamidad pública de proporciones devastadoras.
El sismo, considerado el más fuerte registrado en Colombia en 47 años y el segundo más severo del último siglo, dejó un saldo de 331 fallecidos, 4.497 heridos, 152 desaparecidos y 452.782 ciudadanos afectados, según el reporte oficial del 30 de agosto. La catástrofe impactó a 497 municipios de 16 departamentos, destruyó 35.987 viviendas, averió otras 198.601 y dañó 4.261 centros educativos, 404 centros de salud, 89 puentes vehiculares y 482 tramos viales. Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno Nacional consideró insuficientes las herramientas administrativas ordinarias contempladas en la Ley 1523 de 2012 para atender la crisis, lo que motivó la declaratoria del estado de excepción.
Defensa técnica de la emergencia
En su intervención, Triana detalla que el decreto legislativo cumple con los presupuestos formales, incluida la firma del presidente y de los ministros correspondientes, y aborda de manera específica la ausencia de la rúbrica del titular de la cartera de Igualdad y Equidad, entidad que se encuentra en proceso de liquidación tras la Sentencia C-161 de 2024 y el Decreto 626 de 2026. “El liquidador, al no hacer las veces de ministro ni cumplir sus mismas funciones, no se advierte la obligación legal de firmar un decreto legislativo ni mucho menos podría responsabilizarse políticamente por la declaratoria de un Estado de Excepción”, señala el texto presentado ante la Corte.
“En calidad de ciudadanos, intervenimos formalmente ante la Corte Constitucional para solicitar la EXEQUIBILIDAD del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, ante la grave situación generada por el terremoto del pasado 10 de agosto, mediante el Decreto Legislativo 1261 de 2026”.
Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical
El congresista contrastó su respaldo actual con la postura que él mismo asumió frente al uso de estados de excepción durante el gobierno anterior. “Así como fuimos contundentes al rechazar el uso arbitrario de los estados de excepción del anterior gobierno, hoy respaldamos esta facultad ante una calamidad pública real, sobreviniente y devastadora. Estas son las razones técnicas y jurisprudenciales que expusimos ante la Corte Constitucional”, afirmó Triana en su cuenta en redes sociales.
La intervención subraya que las medidas requeridas para la reconstrucción, como la creación del Fondo Milagro, la modificación de regímenes tributarios, la simplificación de procedimientos administrativos y la autorización de crédito público, son materias de reserva legal que no pueden adoptarse únicamente con decretos ordinarios de gestión del riesgo. La Corte Constitucional deberá ahora realizar el control automático de constitucionalidad del Decreto 1261, en un proceso que definirá si el Gobierno cuenta con las facultades excepcionales necesarias para atender la peor catástrofe natural que ha enfrentado el país en casi medio siglo.
