Un grupo de congresistas colombianos, encabezados por el senador Antonio José Correa del Partido de la U, ha enviado cartas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Congreso de Estados Unidos para alertar sobre un recorte presupuestal del 80,4 por ciento a la Jurisdicción Especial para la Paz para la vigencia 2027. La reducción, que asciende a 170.000 millones de pesos respecto al proyecto inicial del Gobierno, paralizaría procesos judiciales clave y afectaría de manera directa a las víctimas del conflicto armado. Las comunicaciones fueron remitidas con fecha previa a la discusión y aprobación del presupuesto nacional, que se realizará durante la próxima semana en el Congreso de la República.
En las cartas dirigidas a los organismos internacionales, los congresistas reiteran la alerta que ya había emitido el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, mediante dos oficios enviados en septiembre de 2026. El primero, identificado como Prs-239-2026 del 18 de septiembre, fue remitido cuando se examinaba una propuesta inicial de 100.000 millones de pesos para la Jurisdicción. El segundo, el oficio Prs-249 de 2026 del 23 de septiembre, fue enviado a la CIDH para advertir sobre el escenario ampliado del recorte y sus efectos operativos. “Esta comunicación reitera la alerta remitida por el presidente de la JEP”, señala la misiva dirigida a la CPI, citada en el documento de los congresistas.
Impacto en los procesos de paz
La JEP fue creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 para juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano. La reducción propuesta, equivalente al 80,4 por ciento del presupuesto inicialmente solicitado, afectaría directamente las audiencias territoriales, la representación judicial de las víctimas, el acompañamiento psicosocial y los programas de protección. En el documento remitido al Congreso de Estados Unidos, los congresistas advierten que “la Jurisdicción reporta avances y resultados documentados, los cuales requieren continuidad de los procesos y recursos para verificar el cumplimiento de las sanciones y las medidas restaurativas”.
Ante la CPI, los legisladores pidieron un seguimiento urgente al Acuerdo de Cooperación suscrito en 2021 entre Colombia y ese tribunal durante el gobierno de Iván Duque. A la CIDH solicitaron mantener el seguimiento anunciado y exigir al Estado colombiano un plan con medidas concretas, recursos, responsables y plazos. Al Congreso estadounidense, pidieron abrir un espacio de diálogo, solicitar información al Departamento de Estado sobre las consecuencias de este recorte para la cooperación bilateral y expresar a las autoridades colombianas la necesidad de garantizar los recursos para la JEP.
La advertencia de Simón Molina
Paralelamente a la alerta presupuestal, el representante Simón Molina, primer vicepresidente de la Cámara, informó a la JEP el 14 de octubre sobre una acusación sustitutiva presentada por Estados Unidos ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. En ese documento judicial se menciona a Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, en una reunión de 2013 con Iván Márquez y Jesús Santrich, y un episodio de 2017 relacionado con traslado de armas a las Farc y el ELN a cambio de cocaína. “Si existen documentos judiciales extranjeros que mencionan a antiguos jefes de las FARC en hechos de esta gravedad, la JEP tiene la obligación de contrastarlos. Los beneficios de la justicia transicional no pueden ser un cheque en blanco: están condicionados a decir toda la verdad y a no repetir conductas criminales”, afirmó Molina.
“Aquí no estamos pidiendo condenas automáticas. Estamos pidiendo que se investigue, se contraste la información y se determine si quienes recibieron los beneficios de la JEP cumplieron realmente con la verdad y con la no repetición. Colombia tiene derecho a saberlo”.
Simón Molina, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes
El representante Molina solicitó a la Jurisdicción verificar si esta información, que vincula a excomandantes de las Farc con narcotráfico y armas, afecta las obligaciones de verdad y no repetición asumidas en el marco de la justicia transicional. Mientras tanto, el recorte presupuestal del 80,4 por ciento sigue siendo el centro de la preocupación internacional, justo cuando la JEP enfrenta el reto de contrastar nuevas evidencias y sostener los procesos que permitan a las víctimas conocer la verdad completa del conflicto armado colombiano.
