Un intenso cruce de declaraciones en la red social X marcó la antesala de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2025, cuando los congresistas Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Jaime Raúl Salamanca, representante a la Cámara por el Partido Verde, se enfrentaron por la participación del primero en caravanas de respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El intercambio, ocurrido el 14 de junio durante el cierre de campaña del aspirante de derecha en Bogotá, escaló rápidamente al incluir alusiones personales y acusaciones sobre el manejo de recursos públicos en Boyacá.
La controversia inició cuando Salamanca, expresidente de la Cámara de Representantes, publicó en su cuenta de X una burla dirigida a Briceño: «Ni sacarse a escondidas el carro de su papi». La frase intentaba restar peso político a la demostración de apoyo que Briceño organizó en Bogotá, donde lideró una caravana vehicular vistiendo la camiseta de la selección Colombia con el número 10 en la espalda, en un acto que, según el texto fuente, buscó desafiar restricciones judiciales previas sobre el uso de insignias institucionales en controversias electorales.
La respuesta de Briceño y el trasfondo político
La réplica del congresista electo del Centro Democrático no se hizo esperar y combinó un mensaje personal con una dura crítica política. «Jaime Raúl, yo no tengo papá, mis dos apellidos son los de mi mamá», escribió Briceño, quien además señaló: «No tengo que hacer como usted y su jefe Amaya que usan la ruana para parecer del campo, pero en el fondo han usado la plata de los campesinos de Boyacá para hacer politiquería. Usted sin billete no saca votos». La respuesta elevó la tensión entre ambas colectividades justo cuando el país se preparaba para definir la Presidencia en segunda vuelta.
Paralelamente al cruce por las caravanas, Briceño negó enfáticamente versiones que circularon en redes sobre una supuesta orden de captura en su contra, así como una multa de dos millones de pesos y un arresto de un día por no cumplir una orden de rectificación. «Ningún juez me ha notificado de alguna orden de captura o sanción», aseguró el congresista. La aclaración surge en medio de una controversia más amplia donde Briceño ha denunciado el presunto mal uso de recursos de la Unidad para las Víctimas, mencionando una cifra de 460 mil millones de pesos en contratos de logística y publicidad, monto que ha sido objetado por la defensa de la exdirectora Gloria Cuartas.
