Tres congresistas de la República, Daniel Briceño, Sara Castellanos y Carol Stefanny Borda, solicitaron formalmente al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al futuro ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, la revocatoria directa e inmediata de las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) durante el gobierno de Gustavo Petro. La petición, hecha mediante una carta fechada el 11 de julio, pide que la medida se ejecute desde el primer día de la nueva administración, argumentando que estas disposiciones limitan el uso de predios rurales y afectan la seguridad jurídica de los propietarios.
Los congresistas advierten que las resoluciones, emitidas por el Ministerio de Agricultura con fundamento en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo, restringen actividades como comercio, industria, turismo, minería y construcción de vivienda en miles de predios rurales. Según la representante Carol Stefanny Borda, estas medidas terminaron afectando la seguridad jurídica de propietarios rurales y limitando la autonomía de municipios y departamentos sobre el ordenamiento territorial. La solicitud se dirige a regiones como Sabana Centro en Cundinamarca, La Guajira, el Suroeste de Antioquia, Córdoba, Tolima y Santander, donde ya se han identificado restricciones en el uso del suelo.
Críticas al sustento legal y técnico de las medidas
En la carta, los congresistas sostienen que el artículo 32 de la ley permitió convertir una disposición temporal del cuatrienio en un mecanismo permanente para definir el uso del suelo, sin que exista una ley que autorice estas restricciones ni estudios técnicos serios que las respalden. «Esto atropella la autonomía de los concejos municipales, el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa: miles de predios rurales quedan con prohibiciones para el desarrollo de actividades como comercio, industria, turismo, minería o la construcción de vivienda, sin que exista una ley que autorice estas restricciones ni estudios técnicos serios que las respalden», señalaron los congresistas en la misiva.
«El campo y la producción de los alimentos se defiende, defendiendo el uso del suelo de cualquier restricción y el uso de la propiedad privada. Su intento por limitar el uso del suelo de alguna forma debe tener un sustento legal y técnico, y, sobre todo, respetar las competencias de las autoridades locales»
Carol Stefanny Borda, representante a la Cámara
La solicitud también incluye la revisión del Decreto 1147 de 2024, que faculta a la Agencia Nacional de Tierras para fijar límites a la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina. Los congresistas recuerdan que la Contraloría General de la República ya advirtió sobre los riesgos legales, fiscales y de gobernanza en la implementación de las APPA, mientras que la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 que las sustenta. En este contexto de transición de gobierno, los legisladores hacen un llamado urgente para que el Ejecutivo entrante actúe desde el primer día, revocando de inmediato las resoluciones que, en su criterio, atentan contra el desarrollo rural y la autonomía territorial.
