El Congreso de Colombia dio un paso histórico este jueves al aprobar en cuarto debate, durante la plenaria del Senado, un proyecto de ley que establece una política pública integral para prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina (ablación). La iniciativa, impulsada por la representante Jennifer Pedraza (Alianza Verde) y con el respaldo de su compañera de bancada Carolina Giraldo, así como de la Defensoría del Pueblo, busca enfrentar una de las prácticas más crueles de violencia de género que afecta especialmente a comunidades indígenas como la emberá.
La mutilación genital femenina, que consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos, constituye una grave vulneración de derechos humanos. Sin embargo, el país carece de un registro completo sobre su incidencia y de protocolos claros para la atención de las víctimas. La representante Carolina Giraldo explicó que la ley no crea un nuevo delito, sino que se enfoca en la pedagogía comunitaria y en dotar al Estado de herramientas concretas. “Aquí no se trata de generar un delito nuevo, sino más bien de hacer pedagogía en las comunidades y también de que el Estado colombiano tenga protocolos claros sobre qué hacer cuando se encuentra con esta práctica, porque hoy en día casi que cada funcionario cuando lo encuentra actúa como cree que debe actuar, pero no hay protocolos claros”, señaló Giraldo.
Pedagogía y registro de la problemática
La normativa, que estuvo a punto de hundirse en varias oportunidades durante su trámite legislativo, ordena la creación de un registro claro y completo sobre la mutilación genital femenina en Colombia, debido a las “deficiencias” detectadas en la documentación actual. Según Giraldo, muchas niñas llegan a centros médicos por otras situaciones y terminan siendo revictimizadas porque los funcionarios no saben cómo actuar frente a este tipo de lesiones. La ley establece también la obligación de implementar protocolos de atención que eviten esa revictimización.
“Cuando este proyecto estuvo a punto de hundirse, insistimos hasta el último día. Porque dejarlo caer habría sido fallarle a las niñas de Colombia, a las mujeres de la comunidad embrea y a las lideresas indígenas que trabajaron con nosotras y que son las verdaderas protagonistas de esta ley. Su liderazgo, su valentía y su compromiso hicieron posible este avance”.
Jennifer Pedraza, representante impulsora del proyecto
La representante Pedraza destacó el papel fundamental de las lideresas indígenas, quienes desde sus territorios empujaron la iniciativa a pesar de los obstáculos políticos. “Su liderazgo, su valentía y su compromiso hicieron posible este avance”, afirmó. El proyecto, sin embargo, aún no es ley. La Defensoría del Pueblo advirtió que debe surtir un trámite de conciliación entre las versiones aprobadas en Cámara y Senado antes de pasar a sanción presidencial. De superar esa etapa, Colombia contará con una herramienta inédita para enfrentar una práctica que durante décadas ha permanecido invisibilizada y sin respuesta institucional.
