El Congreso de la República de Colombia aprobó recientemente la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, un paso clave impulsado por el Gobierno nacional y el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, que permite la creación de jueces especializados para resolver los ancestrales conflictos por tierras en el país. Esta norma, pendiente desde 2023, habilita la operación plena de una jurisdicción creada mediante reforma constitucional, con el fin de agilizar disputas históricas relacionadas con la propiedad y el uso de la tierra a nivel nacional.
La jurisdicción agraria y rural fue establecida formalmente en 2023 a través de una reforma constitucional, pero su implementación requería esta ley estatutaria para entrar en vigor, cumpliendo así el punto 1 del Acuerdo de Paz con las Farc sobre la reforma rural integral. Hasta ahora, los casos eran manejados por jueces civiles sin especialización en temas agrarios, lo que generaba demoras significativas y conflictos de competencia. Con la nueva ley, se crearán salas civiles, agrarias y rurales en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, además de tribunales y jueces dedicados exclusivamente a estos asuntos, mejorando el acceso a la justicia en zonas rurales.
Conflictos que beneficiará la nueva jurisdicción
Entre los conflictos que ahora podrán resolverse de manera más técnica y oportuna se encuentran los deslindes, la clarificación de baldíos, la restitución de tierras, las disputas por propiedad rural y los pleitos entre campesinos. Esta especialización busca decisiones con enfoque territorial, beneficiando directamente a campesinos, comunidades étnicas, poblaciones rurales y víctimas de desplazamiento y despojo, que por años han esperado soluciones justas y rápidas.
“La Corte Constitucional ya reconoció que esta jurisdicción tiene función estructural en la Rama Judicial. Su operación no puede quedar frenada indefinidamente a la espera de una ley ordinaria. El país necesita ya un juez natural agrario”
Jorge Iván Cuervo, Ministro de Justicia
La aprobación de esta ley representa un avance histórico hacia la paz territorial en Colombia, al fortalecer la Rama Judicial con herramientas especializadas que atienden las raíces de muchos conflictos sociales, prometiendo mayor equidad y eficiencia en la resolución de uno de los problemas más profundos del campo colombiano.
