En una votación histórica dentro de las comisiones económicas del Congreso de la República, se aprobó el monto del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, fijado en 634,9 billones de pesos, en medio de un fuerte debate sobre la necesidad de profundizar la austeridad y acelerar la materialización de los recursos. La decisión se tomó apenas 24 horas después de que el Centro Democrático sostuviera una reunión con el Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para exigir ajustes profundos al gasto público, especialmente tras el sismo del 10 de agosto y las crecientes necesidades de reconstrucción en varias regiones del país. La alerta mayor, sin embargo, no se centra en el monto aprobado para el próximo año, sino en la lenta ejecución de los recursos comprometidos en la vigencia actual: al cierre de agosto de 2026, de los 64,86 billones de pesos comprometidos en inversión, solo 35,53 billones habían sido reconocidos para pago, lo que deja un rezago de 29,33 billones de pesos, es decir, el 45,22 por ciento del total comprometido que aún no llegaba a la antesala del desembolso.
El análisis sobre este significativo rezago fue presentado por Asoblockchain Colombia, cuyo presidente, Camilo Suárez, explicó que las demoras se concentran de manera preocupante en los sectores de transporte, salud y vivienda, donde se acumulan 17,77 billones de pesos sin avanzar a la fase previa al pago, cifra que representa el 32,64 por ciento de toda la inversión rezagada. Según los datos del gremio, la tasa de giro de los recursos reconocidos alcanza un 99,36 por ciento, lo que indica que una vez que una cuenta pasa a esa etapa, el pago se efectúa casi de inmediato; el verdadero cuello de botella está en todo el trayecto administrativo y contractual anterior. Para alcanzar la meta de tener al menos el 80 por ciento de la inversión reconocida a fin de 2026, se necesitaría un ritmo de avance de 36,45 billones de pesos entre septiembre y diciembre, lo que equivale a unos 9,11 billones mensuales, es decir, 2,05 veces el promedio observado entre enero y agosto.
Debate por la reducción del gasto de funcionamiento
Durante el debate en las comisiones económicas, la bancada del Centro Democrático radicó una proposición para ahorrar aproximadamente 40 billones de pesos en gastos de funcionamiento, equivalentes a cerca del 2 por ciento del PIB, con el propósito de liberar recursos para atender las prioridades sociales y de infraestructura. El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez, miembro de la Comisión III, fue enfático al señalar que el interés del partido sigue siendo reducir la burocracia estatal y aliviar el peso de la deuda pública: “Proclamamos que haya más inversión y más desarrollo que burocracia… Seguimos interesados en que se reduzca la deuda pública, que se reduzca el servicio de la misma, los intereses y las amortizaciones, y que se reduzca el gasto de funcionamiento”, afirmó el congresista durante su intervención.
En la misma línea se pronunció el senador Christian Garcés, coordinador de ponentes en la Comisión III, quien condicionó el apoyo al presupuesto a que el Gobierno Nacional cumpla con sus compromisos de ajuste: “Esperamos que el Gobierno Nacional cumpla su compromiso de disminuir el funcionamiento en 40 billones. Adicionalmente que se bajen impuestos y se dé estabilidad económica para reactivar la economía”. Estas declaraciones reflejan la tensión existente entre el Legislativo y el Ejecutivo, en un contexto donde la distribución sectorial del presupuesto de 2027 aún deberá ser discutida en el Congreso antes de su aprobación definitiva, la cual debe darse a más tardar el 20 de octubre de 2026.
“Casi 1 de cada 2 dólares destinados a inversión y ya comprometidos todavía no había llegado a la antesala del pago. La principal diferencia no está en el pago final, sino en todo el trayecto anterior, desde que se compromete el dinero hasta que se recibe lo contratado y se reconoce la cuenta”.
Camilo Suárez, Presidente de Asoblockchain Colombia
Asoblockchain Colombia aprovechó la discusión para insistir en que la demora en la ejecución no implica necesariamente recursos perdidos, pues parte de ese dinero puede corresponder a obras que están dentro de los tiempos previstos, pero sí evidencia una alta ineficiencia administrativa. Frente a la inversión proyectada para 2027, que alcanza los 86,96 billones de pesos, el gremio calculó que si el avance fuera cinco puntos porcentuales mayor al ritmo actual, equivaldría a unos 4,35 billones de pesos adicionales materializados en obras y servicios concretos para la ciudadanía. En ese sentido, Camilo Suárez propuso que el debate presupuestal no se limite a discutir montos globales, sino que permita consultar proyecto por proyecto el avance y el pago: “Tecnologías como blockchain pueden servir para dejar un registro verificable de los cambios en valores, fechas y responsables”, concluyó el presidente del gremio.
Con la aprobación del monto total del presupuesto, la atención se traslada ahora a la discusión de su distribución sectorial, donde se definirá el destino de la reducción de 2,51 billones de pesos frente a los 89,47 billones de inversión prevista para 2026, lo que significa una caída del 2,8 por ciento. El Centro Democrático ha ligado su propuesta de reasignación de recursos a las necesidades de reconstrucción tras el terremoto, así como a los sectores de salud, seguridad y vivienda, aunque advierten que no se repetirá la historia de presupuestos que se quedan en el papel. El desafío para el Gobierno Nacional será demostrar que, más allá de las cifras aprobadas, los recursos efectivamente llegan a las regiones en forma de obras, servicios y mejor calidad de vida para los colombianos.
