En la madrugada del martes 20 de octubre de 2026, el Congreso de la República de Colombia dio luz verde definitiva al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2027, por un monto histórico de 634,9 billones de pesos. La Cámara de Representantes, con 112 votos a favor, avaló el texto que había sido previamente aprobado por el Senado en una votación de 57 votos a favor y uno en contra, dejando la iniciativa lista para la sanción presidencial. De esta manera, el proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en representación del presidente Abelardo de la Espriella, logró superar el trámite legislativo y evitó que el Gobierno tuviera que definir el presupuesto mediante decreto presidencial.
El presupuesto aprobado representa un incremento del 14,2 por ciento en comparación con el de 2026, y su mayor parte se orientará al funcionamiento del Estado. Sin embargo, lo más destacado del debate fue el paquete de modificaciones introducidas por el Congreso, que reconfiguraron las prioridades del gasto. Según lo informado al cierre de la sesión, la amortización de la deuda pública se redujo en 8,36 billones de pesos, quedando en 147 billones, mientras que la inversión aumentó en 7,74 billones, alcanzando los 94,6 billones de pesos. Estos cambios permitieron liberar recursos adicionales para sectores estratégicos como salud, defensa y educación, entre otros, en un esfuerzo por atender necesidades sociales y de seguridad que habían sido señaladas por distintos sectores políticos.
Los sectores que recibirán recursos adicionales en 2027
Uno de los efectos más visibles de las modificaciones presupuestales es la inyección de 5 billones de pesos adicionales para el sector salud, que se suma a los 6,4 billones destinados al Ministerio de Defensa. La educación también fue beneficiada con 100.000 millones de pesos extra, mientras que el Ministerio de Minas y Energía vio incrementado su presupuesto en 3 billones de pesos, al pasar de 7,5 billones a 10,51 billones, lo que incluye una partida de 70.000 millones de pesos para el impulso del gas licuado de petróleo. Además, se destinaron 100.000 millones de pesos para la Registraduría Nacional y otros 100.000 millones para la Rama Judicial. En materia de gasto social, se incluyó una indemnización de 11.400 millones de pesos para las familias de soldados muertos en combate, un rubro de 30.000 millones para el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y una asignación de 26.500 millones de pesos al Ministerio de Ambiente para el programa de esterilización de perros y gatos.
«Este presupuesto no es un cheque en blanco. Vamos a vigilar que cada peso se invierta en donde tiene que ser»
Honorio Henríquez, presidente del Senado
Con la aprobación legislativa, el Gobierno Nacional queda facultado para ejecutar los recursos a partir de enero de 2027, pero bajo la lupa del Congreso, pues el texto aprobado incluye un mandato que obliga al Ejecutivo a presentar informes trimestrales sobre los recursos disponibles en caja y los gastos de la Nación durante la vigencia. De esta forma, el presupuesto no solo se convierte en una herramienta financiera sino también en un instrumento de control político, en un escenario donde la inversión pública y la sostenibilidad de las finanzas estatales serán protagonistas durante el próximo año.
