En el Congreso de la República de Colombia, la senadora Nadya Blel Scaff, del Partido Conservador, impulsa el Proyecto de Ley No 257, que busca permitir el retiro parcial de cesantías para invertir en micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, aunque enfrenta fuertes críticas por los riesgos laborales que implica para los trabajadores. La iniciativa, que modifica la Ley 50 de 1990, la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1014 de 2006, autorizaría extraer hasta el 50 por ciento del ahorro total de cesantías por parte del trabajador, su cónyuge o hijos entre 18 y 28 años, con el fin de reactivar la economía, empoderar a las mujeres y reducir la brecha de género. El debate final está programado para el 15 de diciembre, en medio de un contexto de desocupación nacional del 9,9 por ciento en julio de 2024, superior al 9,6 por ciento de 2023.
La propuesta amplía los usos permitidos de las cesantías, tradicionalmente destinados a vivienda o educación, y su reglamentación quedaría a cargo del Ministerio del Trabajo, con apoyo del SENA y las cámaras de comercio. Beneficiaría directamente a mipymes lideradas por mujeres, que representan el 99,5 por ciento del universo empresarial formal en el país, y donde las personas naturales dirigidas por ellas alcanzaron el 62,5 por ciento en 2022. Sin embargo, críticos como la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, advierten sobre los peligros de convertir estos ahorros en fondos de riesgo para emprendimientos ajenos a los trabajadores.
Cifras que encienden la polémica en el Legislativo
El debate se enriquece con indicadores económicos preocupantes: la participación laboral se sitúa en 64,2 por ciento y la ocupación en 57,8 por ciento, mientras la inversión representa solo el 14,2 por ciento del PIB, habiendo caído siete puntos en dos años. Además, resalta la brecha de género, con 114 mujeres en pobreza por cada 100 hombres, ingresos promedio en micronegocios femeninos de 37.192.799 pesos frente a 106.361.128 pesos de los masculinos —una diferencia del 65 por ciento— y acceso a crédito del 90,5 por ciento para hombres versus 84 por ciento para mujeres. Proponentes argumentan que esta medida impulsaría la autonomía económica femenina, en un escenario donde el PIB per cápita solo crecería al 2,5 por ciento sin acciones adicionales.
«no seré cómplice de esta iniciativa perjudicial que pretende convertir los recursos de quienes están cesantes en un fondo de acumulación de capital para empresas que no son de los trabajadores»
María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara del Pacto Histórico
La noticia cobra relevancia ante el debate final próximo y las críticas públicas, que incluyen proposiciones de archivo del proyecto, equilibrando el impacto potencial en los derechos laborales de los trabajadores con las oportunidades para el empoderamiento femenino y la reactivación económica en Colombia.
