El Congreso de Colombia iniciará en el primer semestre de 2026 el debate de proyectos clave pendientes tras el cierre del periodo legislativo de 2025, en un contexto marcado por las elecciones legislativas del 8 de marzo. Las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara de Representantes han aprobado los inicios de discusión para iniciativas como la validación del Ministerio de Igualdad, cuya tramitación enfrenta un plazo límite hasta el 20 de junio, la ley ordinaria de jurisdicción agraria, que superó su primer debate el 10 de diciembre de 2024, y la Ley de Sometimiento, cuya urgencia fue retirada en diciembre de 2025. Estas deliberaciones se trasladarán a las plenarias del Senado y la Cámara en Bogotá, impulsadas por el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro, con participación de figuras como la senadora Angélica Lozano, el Ministerio de Justicia y la Corte Constitucional.
La agenda parlamentaria refleja los retrocesos en la gestión del Ejecutivo durante 2025, donde la fragmentación en el Congreso obstaculizó avances en la agenda gubernamental, mientras proyectos ajenos al Gobierno progresaron con mayor fluidez. La jurisdicción agraria, resultado de acuerdos entre el Gobierno y bancadas mayoritarias, ha sufrido retrasos por falta de cuórum, pese a su relevancia para resolver conflictos de tierras en el marco de la reforma rural y la Paz Total. Por su parte, la Ley de Sometimiento genera debates sobre su constitucionalidad, con audiencias públicas, ponencias a favor y en contra, y una decisión pendiente en la Comisión Primera de la Cámara. Otros temas en la mira incluyen la reforma a los servicios públicos y la ley minera, en medio de un control político acentuado por la emergencia económica declarada por el Ejecutivo.
Desafíos preelectorales y vicios procesales
La Corte Constitucional detectó vicios en el trámite de creación del Ministerio de Igualdad, que busca proteger a más de 14 poblaciones en situación de especial protección, lo que obliga a una validación exprés en 2026 bajo vigilancia preelectoral. Estos proyectos no solo impactarán el desmantelamiento de grupos armados ilegales y la distribución de servicios públicos, sino que también servirán como termómetro para medir el pulso político ante las elecciones del 8 de marzo, donde la oposición podría endurecer su escrutinio a las iniciativas del presidente Petro.
En resumen, el nuevo periodo legislativo arranca con una carga pesada de pendientes que definen el futuro de políticas clave en igualdad, tierras y paz, en un Congreso dividido que priorizará la estabilidad institucional sobre la velocidad reformista del Gobierno.
