El Congreso de la República de Colombia, conformado por el Senado y la Cámara de Representantes, se prepara para un intenso primer semestre de 2026, en el que debatirá proyectos clave impulsados por el Gobierno Nacional de Gustavo Petro, como la validación del Ministerio de Igualdad, la ley ordinaria de jurisdicción agraria y la Ley de Sometimiento, todo ello en un periodo transitorio previo a las elecciones legislativas del 8 de marzo. Estos debates se llevarán a cabo en las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara, así como en las respectivas plenarias, con ponencias positivas o negativas que determinarán su aprobación, en medio de un clima de vigilancia por la cercanía de los comicios y la posible reelección de congresistas.
La agenda legislativa también incluye la reforma a los servicios públicos y la ley minera, junto con ejercicios de control político sobre la emergencia económica. Esta programación responde a la conclusión fragmentada del periodo legislativo de 2025, marcada por retrocesos en la agenda del Gobierno Petro y avances en proyectos no gubernamentales, según el contexto político actual. Particularmente, el Ministerio de Igualdad enfrenta un plazo perentorio hasta el 20 de junio de 2026 para su validación congresional, exigida por un fallo de la Corte Constitucional que detectó vicios de trámite en su creación, y que impactaría a más de 14 poblaciones en situación de especial protección.
Avances y retrasos en los proyectos clave
En el caso del Ministerio de Igualdad, ya se cuenta con ponencias positivas en las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara, lo que evita su archivo definitivo. Por su parte, la ley ordinaria de jurisdicción agraria logró aprobar su primer debate en las Comisiones Primeras conjuntas el pasado 10 de diciembre de 2024, aunque sufrió retrasos por falta de cuórum. La Ley de Sometimiento a la justicia, radicada por el Ministerio de Justicia como parte de la política de Paz Total, vio cómo el Gobierno retiró la urgencia en diciembre de 2025, y enfrenta una solicitud de retiro presentada por la senadora Angélica Lozano, cuya decisión pendiente recae en la Comisión Primera de la Cámara.
Este panorama legislativo refleja las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, con el Gobierno Petro buscando recuperar terreno perdido en 2025, mientras los parlamentarios calibran sus posiciones ante las elecciones de marzo de 2026. La Corte Constitucional y el Ministerio de Justicia juegan roles pivotales en estos procesos, que podrían redefinir prioridades en igualdad, agraria y paz en el país.
