El Congreso de la República de Colombia puso fin este viernes a su ciclo legislativo de 2025, entrando en un receso que se extenderá hasta el 16 de febrero de 2026, tres semanas antes de las elecciones legislativas del 8 de marzo. Esta decisión se toma en medio de una agenda parlamentaria estancada, marcada por el hundimiento de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, así como por la escasa asistencia a las sesiones, limitadas a solo dos días por semana en el Capitolio Nacional, y el creciente enfoque de senadores y representantes en actividades regionales y campañas electorales.
El cierre anticipado de las sesiones, programadas hasta el 20 de diciembre, responde al revés sufrido por la reforma tributaria, cuya impopularidad ha frenado otros proyectos clave dependientes de mayores cargas impositivas, como la reforma a la salud. Desde la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior se observa con preocupación esta parálisis, que refleja la pérdida de control del Ejecutivo sobre el Legislativo, en un contexto de receso reducido a dos meses —frente a los tres meses previos— gracias a la reforma al calendario legislativo de 2023, que modificó el artículo 138 de la Constitución para adelantar el inicio de sesiones.
Proyectos clave en suspenso y agenda limitada
Entre los proyectos afectados por este receso figuran la reforma a la salud, la Jurisdicción Agraria, la ley de sometimiento, la creación del Ministerio de la Igualdad, la reforma a los servicios públicos y la ley minera, todos pendientes de debate y aprobación. La baja asistencia, particularmente en la Cámara de Representantes, sumada a recesos adicionales por Semana Santa, mitad de año y octubre, ha contribuido a esta inactividad, dejando al Gobierno sin opciones más que preparar reformas mediante actos administrativos o plantear, como ha sugerido el presidente Petro, la convocatoria a una asamblea constituyente.
La agenda que queda por cerrar se limita a iniciativas menores, como el financiamiento a universidades públicas, medidas de sostenibilidad ganadera y la ampliación de los periodos de los secretarios generales del Congreso. Este escenario preelectoral complica aún más la gestión del Ejecutivo, que enfrenta la dependencia de recursos tributarios no disponibles para avanzar en prioridades como la salud, dejando al país en un limbo legislativo hasta el reinicio de sesiones en febrero.
