La Veintitrés Manizales informa desde Colombia que el Congreso avanza hacia el archivo de la reforma tributaria, empañado por la falta de apoyo político y social. Las ponencias de archivo ya fueron radicadas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, en un movimiento que señala una resistencia creciente a la iniciativa y una intención de frenar la carga fiscal en el corto plazo. En la Cámara, Katherine Miranda radicó la ponencia de archivo expresando su malestar frente a un eventual aumento de impuestos, mientras que en el Senado las señales oficiales apuntan a un archivamiento a través de ponencias de archivo y una recolección de firmas en la Comisión Tercera que ya alcanza diez respaldos de diecisiete integrantes. Este panorama desplaza el foco de la discusión hacia un posible replanteamiento de la política fiscal del país.
Contextualmente, la reforma venía perdiendo tracción y la tensión entre cámaras se intensificaba, a la vez que la Comisión Tercera del Senado mostraba mayoría para frenarla. Los datos disponibles subrayan el contraste entre las cifras de recaudación previstas y el costo político que implicaría subir la carga impositiva en un momento en que la economía colombiana enfrenta desafíos estructurales. Entre los aspectos citados para justificar el archivamiento se destaca que la iniciativa no responde a necesidades estructurales y podría agravar la situación fiscal, afectando inversión, ahorro y empleo; el argumento central es proteger a las clases bajas y medias de la población frente a incrementos en el costo de la vida, especialmente por el posible impacto del impuesto al carbono y otros gravámenes sobre bienes y servicios.
Archivo de la reforma y el pulso político en el Congreso
En el marco de las acciones institucionales, la Comisión Tercera del Senado ya exhibe una clara señal de rechazo, con diez firmas de diecisiete integrantes respaldando la ruta de archivo. Entre los senadores que respaldan la decisión figuran Juan Pablo Gallo, Ciro Ramírez, Juan Carlos Garcés, Antonio Zabaraín, Mauricio Gómez, Liliana Bitar, Jairo Castellanos, Karina Espinosa y María Angélica Guerra, cuyas posturas convergen en frenar la iniciativa y evitar un nuevo paquete de cargas para la economía. A nivel de la Cámara, Katherine Miranda no solo radicó la ponencia de archivo, sino que también elevó el tono del debate al expresar su malestar frente a un eventual aumento de impuestos, argumentando que el país no necesita más reformas ni más tributos y exigiendo un gobierno austero que priorice la eficiencia del gasto público.
«Es una mayoría absoluta para que esta reforma tributaria no le golpee el bolsillo a las clases más bajas y medias de la población. Hablo de las clases bajas porque con el impuesto al carbono se incrementa el precio de la gasolina y tenemos en el país 12 millones de motos de las clases bajas y medias de la población para el transporte y subsistencia» — Efraín Cepeda, Senador, ex presidente del Senado
«Radico esta ponencia de archivo porque esta reforma sí afecta a quienes menos tienen y porque el país no necesita más reformas ni más impuestos. Lo que Colombia necesita es un gobierno austero que deje de derrochar los impuestos de los colombianos en viajes, en comitivas, en lujos y en gastos innecesarios. Un gobierno que recorte la contratación excesiva, que cierre las embajadas que no sirven y que por primera vez se apriete el cinturón y deje de cargarles sus errores a los colombianos» — Katherine Miranda, Representante
«Una reforma que hoy pretende recaudar 26 billones de pesos, metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos que ya no aguantan más impuestos. Esta reforma afecta directamente a los más pobres y a la clase media (…) insiste en subir aún más el costo de la gasolina, pese a que el presidente Gustavo Petro diga lo contrario. Ese aumento golpea a los campesinos, a los transportadores y a los trabajadores, y termina encareciendo los alimentos y la vida de todos los colombianos» — Katherine Miranda, Representante
Entre los datos secundarios que sostienen este debate se destacan metas y cifras que alimentan la controversia: la reforma contempla una recaudación prevista de 26 billones de pesos y propone incrementar hasta 41% los gravámenes a personas naturales, mientras la renta empresarial permanece en 35%, muy por encima del promedio OCDE, que se sitúa en 23% en la referencia citada. El análisis también señala que se propone mantener el impuesto al carbono como parte del paquete recaudatorio y se plantea un 1% sobre los ingresos brutos derivados de la extracción de hidrocarburos y carbón. En el marco del argumento social, se recuerda que existen alrededor de 12 millones de motos en el país, lo que agrava el efecto para las clases bajas y medias al considerar cualquier incremento de costos en combustibles y transporte.
En síntesis, el contexto inmediato apunta a que el gobierno podría verse obligado a regresar a la mesa y replantear la estrategia fiscal, mientras que el Congreso deja claro que, por ahora, no acompaña un aumento de cargas impositivas. Este giro marca una señal clave para el rumbo de la política tributaria y para el comportamiento de los mercados ante una posible reconfiguración de la carga fiscal que, de momento, no cuenta con la confianza suficiente de las mayorías para su avance. La noticia, por tanto, marca un hito en la dinámica entre Ejecutivo y Legislativo y podría imponerse como un punto de inflexión en la agenda fiscal del país.
