La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, denunció que el Congreso de la República podría entrar en receso durante la semana previa a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, una decisión que, según advirtió, pondría en grave riesgo la aprobación del proyecto de ley que busca extender derechos laborales a más de un millón y medio de contratistas del Estado. La advertencia se produjo luego de que el tercer debate de la iniciativa fuera suspendido el pasado 20 de mayo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, tras la ruptura del cuórum por el retiro de la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico.
El proyecto, presentado por Lozano y otros congresistas de la Alianza Verde en agosto de 2024, pretende otorgar garantías laborales como cesantías, primas, vacaciones y estabilidad a las personas que prestan servicios temporales al Estado colombiano, un universo que según la senadora supera el millón y medio de trabajadores que actualmente carecen de esas prestaciones. Lozano subrayó que esta es la séptima vez que presenta la iniciativa y que nunca antes había llegado tan lejos en el trámite legislativo. “Si se aprobaba ayer (20 de mayo), podía ser ley en julio”, lamentó la congresista, quien señaló que el plazo límite para que el proyecto sea avalado en su totalidad en la Cámara de Representantes vence el 20 de junio de 2026; de no lograrlo, se archivará definitivamente.
La controversia por el receso y la inconstitucionalidad
El principal obstáculo señalado por Lozano es la “mala práctica” del Congreso de no sesionar la semana de elecciones, que este año correspondería al período del 25 al 29 de mayo. “La próxima semana, por una mala práctica del Congreso, no se sesiona porque dicen que, como el domingo (31 de mayo) hay elecciones, pues esta semana no vayamos a trabajar”, denunció la senadora, quien considera que los tiempos legislativos son insuficientes y que ese receso impediría aprobar la iniciativa antes del fin del período legislativo.
“Los perjudicados son un millón y medio de personas que trabajan sin cesantías, primas, vacaciones, remuneración y sin estabilidad”
Angélica Lozano, senadora de la República
Sin embargo, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, desmintió que su retiro del recinto fuera la causa central de la suspensión del debate y afirmó que la controversia real radica en la arquitectura jurídica del proyecto. “El proyecto, tal como está construido, es abiertamente inconstitucional. En lugar de avanzar hacia la formalización laboral, profundiza la deslaboralización en el Estado, legaliza formas de fraude laboral y crea trabajadores de segunda categoría”, sostuvo Carrascal, quien defiende que el problema de fondo no es de agenda sino de fondo legal.
La agenda legislativa de la próxima semana confirma que la Comisión Séptima no sesionará, aunque sí están programadas actividades en otras comisiones como Derechos Humanos, Comisión Cuarta, Quinta y la plenaria del Senado, que el miércoles 27 de mayo debatirá la Jurisdicción Agraria y Rural, otra iniciativa que también corre el riesgo de archivo. Frente a este panorama, Lozano insiste en que el receso es una decisión política que perjudica a los trabajadores temporales del Estado, mientras que Carrascal advierte que la aprobación apresurada del texto sin corregir sus presuntas inconstitucionalidades sería un retroceso para los derechos laborales en Colombia.
