Las comisiones conjuntas del Congreso de la República hundieron este 9 de diciembre de 2025 la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro, en una votación de la comisión IV del Senado donde nueve congresistas respaldaron el archivo de la iniciativa y solo cuatro se pronunciaron a favor. El rechazo se dio en medio de falta de cuórum y protestas de la oposición, dejando al Ejecutivo sin los recursos necesarios para cubrir un déficit de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026, que asciende a 547 billones en total, representando menos del 3 por ciento del monto global. Inmediatamente después, la congresista María José Pizarro lanzó una dura advertencia vía redes sociales a los opositores, afirmando que su mezquindad será castigada en las elecciones de 2026.
La propuesta buscaba generar ingresos progresivos gravando más a quienes perciben más de 125 millones de pesos mensuales, incluyendo un impuesto al patrimonio con tarifa progresiva hasta el 5 por ciento a partir de patrimonios superiores a 2.100 millones de pesos libres de deudas, excluyendo los primeros 628 millones correspondientes a vivienda familiar. Además, contemplaba un IVA a juegos de suerte y azar en línea sin afectar la canasta familiar, alimentos, servicios del hogar, transporte público ni medicamentos, protegiendo así los ingresos de la clase media e impulsando un esquema que cierra privilegios para combatir la desigualdad, según defendió el Ministerio de Hacienda.
Reacciones cruzadas en el Congreso y expertos
María José Pizarro, representante del oficialismo, no escatimó en críticas al enfatizar que los mega ricos y sus aliados en el Congreso tienen un deber elemental con el país: contribuir a disminuir la desigualdad, y acusó a algunos legisladores de legislar exclusivamente para un puñado de privilegiados por encima del bienestar de la nación. Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, respaldó la viabilidad fiscal al señalar que esos 16,3 billones representan menos del 3 por ciento del Presupuesto General de la Nación, por lo que resulta insostenible argumentar que comprometen la estabilidad o la sostenibilidad del gasto público.
“Hay congresistas que legislan exclusivamente para un puñado de privilegiados, por encima del bienestar de la nación. Su mezquindad será castigada en 2026”
María José Pizarro, congresista
En contraste, la oposición celebró el hundimiento, similar al ocurrido en 2024 que obligó a recortes presupuestales. El representante a la Cámara Christian Garcés argumentó que Colombia necesita antes que más impuestos una reforma estructural que reduzca el gasto de funcionamiento, fortalezca la inversión, ordene las finanzas públicas e impulse los ingresos y el empleo de los ciudadanos, criticando que el Gobierno de Gustavo Petro solo piensa en gastar sin solucionar los problemas del país. Sectores productivos resisten la medida por considerarla un desincentivo a los altos ingresos generadores de empleo.
“Colombia, antes que más impuestos, necesita una reforma estructural que reduzca el gasto de funcionamiento, fortalezca la inversión, ordene las finanzas públicas e impulse los ingresos y el empleo de los ciudadanos. El Gobierno de Gustavo Petro solo piensa en gastar y no en solucionar los problemas del país”
Christian Garcés, representante a la Cámara
Este revés deja al Gobierno sin recursos adicionales y anticipa ajustes drásticos al presupuesto de 2026, profundizando el debate sobre equidad fiscal en un país marcado por la desigualdad, donde la propuesta defendía la contribución progresiva de los más ricos frente a los argumentos de quienes ven en ella un obstáculo para la productividad.
