El Consejo Nacional Electoral activó el mecanismo de conjueces para estudiar el expediente de financiación de la campaña de Gustavo Petro y fijó una nueva votación para el 20 de noviembre de 2024. En esta revisión serán parte tres conjueces: Jorge Iván Acuña, Majer Nayi Abushihab y Fernando Guzmán, todos posesionados en 2023 y pertenecientes al grupo de 17 conjueces que intervienen cuando la sala regular no alcanza la mayoría para decidir. Su función será revisar el expediente y decidir si procede una sanción o si debe archivarse, presentando voto y decisión en esas circunstancias.
La sesión anterior no logró reunir los votos necesarios para sancionar o archivar el caso, por lo que se activa este mecanismo para dar continuidad a la revisión. El expediente analizado incluye aportes no reportados y excedentes en los topes de la campaña de 2022, y en 2024 el CNE formuló cargos contra Gustavo Petro, su gerente, la tesorera, los auditores y las colectividades de la coalición que lo respaldó durante aquella campaña.
La situación de los conjueces y el expediente a revisión
Un conjuez es un abogado externo que reemplaza temporalmente a los magistrados cuando existe un empate o un conflicto de intereses; su función es votar y firmar decisiones cuando la sala regular no reúne la mayoría suficiente, y en esta ocasión su intervención busca resolver una disputa que no pudo resolverse en la sala principal, con la finalidad de determinar si corresponde imponer sanciones o archivar el asunto.
Sin declaraciones textuales en el material
Entre las cifras relevantes se destacan 500 millones de pesos por un aporte no reportado de Fecode; 931’290.000 pesos en pagos omitidos a testigos electorales y 121’544.000 pesos en dineros omitidos provenientes de la USO, lo que eleva el total de omisiones y fuentes prohibidas a 1.552 millones de pesos. Estos elementos, junto con los cargos formulados en 2024 contra Petro, su gerente, la tesorera, los auditores y las colectividades de la coalición, sostienen la necesidad de una revisión minuciosa que podría definir la siguiente etapa del proceso electoral.
La decisión que emita la conjunta instancia puede determinar si procede una sanción o si el expediente debe archivarse, lo que arroja una luz sobre las tensiones existentes en torno a la capacidad de investigar a un presidente en ejercicio y las salvaguardas que se emplean durante una indagación de esta magnitud. En ese marco, la votación quedó fijada para el 20 de noviembre de 2024 en la sede del Consejo Nacional Electoral, en Colombia, y su resultado podría marcar un precedente en la forma como se abordan irregularidades en campañas políticas de años recientes.
