En un movimiento clave para el análisis de la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, el conjuez Carlos Pablo Márquez Escobar remitió una carta a la Secretaría General de la Corte Constitucional solicitando documentos esenciales y una prórroga de cinco días adicionales para estudiar a fondo el expediente D-0015989 antes de la citación a la Sala Plena. La misiva, notificada el 19 de enero al despacho del magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte, pide específicamente las aclaraciones de voto de los magistrados Ibáñez Najar y José Fernando Reyes Cuartas, así como el estado actual de las solicitudes ciudadanas derivadas del Auto A-841/25.
Esta solicitud surge en un momento crítico, con ocho magistrados restantes por votar en un empate técnico de 4-4 sobre la ponencia del magistrado Ibáñez, que declara inexequible la ley por vicios de trámite en la Cámara de Representantes. La normativa, suspendida provisionalmente por el Auto A-841/25 que ordenó devolverla al Congreso, fue demandada por la senadora Paloma Valencia, desatando un debate intenso en la alta corte.
Empate en la Sala y rol del conjuez
La ponencia de Ibáñez contó inicialmente con el apoyo de los magistrados Paola Meneses, Lina Marcela Escobar y Carlos Camargo, mientras que se opusieron Miguel Polo, Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel. Márquez Escobar fue designado conjuez el 25 de noviembre de 2024, tras el apartamiento del magistrado Héctor Carvajal por su vínculo como exasesor de Colpensiones, y aceptó su participación el 12 de diciembre, asumiendo un papel decisivo para inclinar la balanza en esta votación dividida.
«En caso de que estos documentos del numeral 1 ya estén o una vez estén radicados y disponibles, me concedan cinco (5) días adicionales desde su remisión para estudiarlos con detenimiento previo a la citación a la Sala Plena en la que se discutirá el expediente».
Carlos Pablo Márquez Escobar, conjuez de la Corte Constitucional
La petición subraya la necesidad de examinar el material completo para una decisión informada, en un expediente que podría redefinir el trámite legislativo de la controvertida Ley 2381 de 2024 y sus implicaciones en el Congreso colombiano.
