El Consejo de Estado de Colombia, a través de su Sección Segunda y bajo la ponencia del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, admitió la primera demanda interpuesta contra el decreto 1469 firmado por el presidente Gustavo Petro, que establece un incremento del 23% al salario mínimo para el año 2026. Esta decisión judicial abre la puerta a una evaluación formal de la legalidad del decreto, cuestionado por supuestas irregularidades en su motivación y fundamentación.
La demanda argumenta que el Gobierno nacional incurrió en ausencia de justificación suficiente, falsa motivación y desviación de poder al basar el aumento salarial en la brecha entre el salario mínimo actual y la estimación de un salario vital hecha por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en lugar de los parámetros legales establecidos por la ley colombiana, como la inflación, la productividad, el Producto Interno Bruto y la contribución de los salarios al ingreso nacional. Históricamente, los incrementos al salario mínimo se han definido por consenso entre las partes involucradas, utilizando estos criterios económicos precisos, lo que hace que esta medida represente un quiebre con la tradición normativa del país.
Argumentos del demandante contra el decreto
En el texto de la demanda se destaca que el Gobierno optó por una política de ajuste basada en estimaciones técnicas externas de la OIT para justificar un aumento muy superior a los parámetros económicos definidos por la ley. Esto, según el demandante, significa que se sustituyó el sistema legal por una regla de cierre de brecha no prevista por el Congreso de la República. Además, se advierte que un incremento del 23%, fundamentado en una brecha social en vez de en productividad o inflación, impone una carga desproporcionada a la economía, al empleo y a las empresas, rompiendo el equilibrio constitucional entre el trabajo, la empresa y la sostenibilidad microeconómica.
“El Gobierno estableció así, una política de ajuste por brecha salarial basada en estimaciones técnicas externas, para justificar un aumento muy superior a los parámetros económicos definidos por la ley colombiana”
Texto de la demanda
“Esto significa que el Gobierno no utilizó los parámetros legales para definir el incremento, sino que sustituyó el sistema legal por una regla de cierre de brecha no prevista por el Congreso”
Texto de la demanda
“Un incremento del 23%, basado en una brecha social y no en una productividad ni inflación, impone una carga desproporcionada a la economía, al empleo, y a la empresa, rompiendo el equilibrio constitucional entre trabajo, empresa y sostenibilidad microeconómica”
Texto de la demanda
Reacciones y posibles consecuencias
El presidente Gustavo Petro, quien firmó el decreto aludiendo a la inequidad salarial histórica y la brecha identificada por la OIT, ha llamado a movilizaciones populares para defender la medida, anticipando demandas judiciales de la oposición. Además, anunció un proyecto de ley para obligar la adopción de un salario vital y familiar en futuros gobiernos. Este proceso podría derivar en la suspensión de los efectos del decreto 1469, y se esperan más demandas similares en las próximas semanas, lo que intensificará el debate sobre el futuro del salario mínimo en Colombia.
