El Consejo de Estado de Colombia admitió una demanda interpuesta por el estudiante de derecho Samuel Ortiz contra la Resolución 09111 del Consejo Nacional Electoral (CNE), emitida el 3 de septiembre, que reconoció la personería jurídica del partido Progresistas, promovido por la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, quien también es su presidenta. Esta decisión judicial se produce dos meses después de la resolución del CNE y coincide con las declaraciones de Pizarro el 28 de noviembre, en medio de un contexto de tensiones políticas en el país.
La acción judicial busca la nulidad de la inscripción de Progresistas en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, alegando una violación del principio de legalidad y una omisión en la motivación sobre las investigaciones y procesos sancionatorios en curso contra el partido MAIS, del cual surgió Progresistas mediante una escisión voluntaria solicitada por Pizarro al CNE. El Consejo de Estado notificó a las partes involucradas, incluyendo al CNE, los representantes legales de Progresistas y MAIS, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, el expediente fue remitido al magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil para evaluar una posible acumulación con otro proceso relacionado.
Argumentos del demandante y origen del partido
Samuel Ortiz, el demandante, sostiene que el CNE actuó fuera de sus competencias al reconocer de manera condicionada la personería jurídica de Progresistas, ignorando el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 en el proceso de escisión de MAIS. El CNE había remitido previamente los antecedentes administrativos y la situación de los procesos sancionatorios contra MAIS, lo que añade complejidad al caso.
“Se presentó una violación del principio de legalidad, en tanto el Consejo Nacional Electoral actuó por fuera del marco de sus competencias al reconocer de manera condicionada la personería jurídica cuestionada”
Samuel Ortiz, demandante
Reacciones de la senadora Pizarro y contexto político
María José Pizarro rechazó categóricamente las acusaciones, vinculándolas a una supuesta persecución política relacionada con la sanción impuesta por el CNE a la campaña Petro Presidente 2022, por un exceso de financiación superior a 5.300 millones de pesos, aprobada con seis votos a favor y tres en contra. La senadora defendió la separación entre las donaciones de partidos aliados al Pacto Histórico y los fondos de la campaña presidencial, insistiendo en que no deben contabilizarse juntos por ley.
“Eso es absolutamente falso. Interesadamente, están mezclando cosas que no van juntas. La campaña Pacto Histórico, las donaciones de los partidos y movimientos que nos apoyaron, son cosas distintas. Su dinero no entró a la campaña Petro Presidente. Por ley, no se deben contabilizar juntos”
María José Pizarro, senadora
Pizarro elevó el tono al advertir sobre un peligro para la democracia colombiana, acusando a organismos liderados por la oposición de definir el futuro del país por intereses políticos, y exigiendo el fin de lo que describe como persecución contra el gobierno popular.
“Queremos dejarlo absolutamente claro: la democracia en Colombia está en peligro. No puede ser que un organismo, liderado por la oposición, defina por sus intereses políticos el futuro de nuestro país”
María José Pizarro, senadora
“¡Exigimos que cese la persecución política! No le temen a un hombre, le temen a un pueblo en el poder. Le temen a un segundo gobierno popular”
María José Pizarro, senadora
Este caso pone en el centro del debate la regulación de los partidos políticos en Colombia, en un momento de alta polarización, donde la trayectoria de Progresistas como escisión de MAIS y las sanciones electorales pasadas podrían influir en el desarrollo judicial del proceso.
