El Consejo de Estado, a través de su Sección Segunda, admitió a trámite una demanda de nulidad presentada por los abogados Jesús Hernando Baena Álvarez y Carlos Mario Salgado Morales, del estudio Spl Salgado & Salgado Abogados, respaldados por gremios empresariales y la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), contra el Decreto 415 de 2026. Esta norma, firmada el 20 de abril de 2026 por los Ministerios de Hacienda y Trabajo, ordena el traslado de 25 billones de pesos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, afectando a entre 120.000 y 127.000 trabajadores próximos a la jubilación. Los demandados incluyen a los Ministerios de Hacienda y Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, con un plazo de 30 días para que presenten sus respuestas.
El decreto establece un mecanismo de transferencia acelerada: la primera mitad de los recursos debe moverse en 20 días y el resto en 10 días adicionales, con un máximo de 30 días en total. Esta admisión inicia el análisis legal profundo sin implicar una suspensión inmediata del decreto, aunque los demandantes solicitaron medidas cautelares para frenar su ejecución. Asofondos y el Consejo Gremial Nacional han rechazado el traslado y pidieron precauciones judiciales, argumentando que el Gobierno confunde el movimiento de afiliados entre regímenes con el traslado efectivo de sus ahorros.
Cuestionamientos a la legalidad del decreto
La demanda sostiene que el Decreto 415 de 2026 es ilegal e inconstitucional porque se basa en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional parcialmente suspendida por la Corte Constitucional, dejando vigente solo esa disposición. Los abogados cuestionan que el parágrafo del artículo 76 mencione el traslado de recursos a Colpensiones solo para quienes ya cumplieron los requisitos de pensión, diferenciando claramente entre el traslado de personas y el de sus ahorros, que deben permanecer bajo administración privada hasta la consolidación de la pensión, según lo estipulado. Además, se critica que el decreto desdibuja los límites entre la potestad reglamentaria del Ejecutivo y la función legislativa del Congreso, en un contexto donde el artículo 24 de la misma ley menciona un Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc) que aún no opera.
“Nosotros demandamos ese decreto porque es ilegal e inconstitucional, porque está montado sobre el artículo 76 de la reforma pensional (…), pero al mirar uno de los parágrafos del artículo 76 dice que esos recursos serán trasladados a Colpensiones pero para aquellas personas que cumplieron con los requisitos de pensión”.
Carlos Mario Salgado Morales, abogado de Spl Salgado & Salgado Abogados
“El Gobierno está mezclando dos situaciones distintas: el traslado de afiliados entre regímenes y el traslado efectivo de recursos. Si bien esas personas se trasladaron, eso no quiere decir que por haberse trasladado hay que trasladarles los recursos, porque esos recursos solo se trasladan si esas personas (…) cumplieron ya con los requisitos de pensión”.
Carlos Mario Salgado Morales, abogado de Spl Salgado & Salgado Abogados
Posibles impactos en el sistema pensional
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, enfatizó el compromiso de la asociación para defender los ahorros pensionales, mandato legal que no escatimará en esfuerzos. Esta batalla judicial podría alterar el esquema financiero del sistema pensional colombiano, promovido por el decreto para mover ahorros de afiliados que optaron por Colpensiones bajo el artículo 76, en medio de tensiones por la reforma pensional.
“Se desdibujan los límites entre la potestad reglamentaria y la función legislativa”.
Carlos Mario Salgado Morales, abogado de Spl Salgado & Salgado Abogados
“A nosotros nos toca hacer todo lo que corresponde para proteger el ahorro pensional, que es nuestro mandato legal, por eso no escatimaremos esfuerzos para defender esos recursos”.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos
El fallo del Consejo de Estado podría redefinir las reglas de transición en el sistema de pensiones, protegiendo o no los 25 billones de pesos en juego y afectando directamente a miles de trabajadores en vísperas de su retiro.
