En un giro que sacude el panorama político nacional, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió formalmente una demanda que cuestiona la legalidad de la elección de Aida Quilcué como representante a la Cámara por el Pacto Histórico. El alto tribunal abrió un expediente formal contra la congresista tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales, incluyendo la correcta individualización de pretensiones, la presentación oportuna y la identificación de las partes. La demanda, instaurada por el veedor Juan Carlos Calderón España, argumenta presunta doble militancia, un debate que podría tener profundas implicaciones para la democracia colombiana.
El origen del conflicto se remonta al periodo 2022-2026, cuando Quilcué fue elegida senadora por la circunscripción especial indígena con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais). Sin embargo, el demandante sostiene que la congresista no se desvinculó formalmente de dicha colectividad ni de su curul, pese a participar activamente en la campaña presidencial del Pacto Histórico como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Esta situación, a juicio del veedor, vulneraría la prohibición constitucional de apoyar a distintos partidos políticos en una misma contienda electoral.
Negada la suspensión provisional
Uno de los aspectos más destacados del fallo de admisión es la decisión de negar la solicitud de suspensión provisional de la elección de Quilcué. El Consejo de Estado argumentó que no existen pruebas certificadas suficientes que confirmen la condición de senadora de la demandada en el momento de su participación en la campaña presidencial. Por ello, la congresista continuará ejerciendo sus funciones como representante a la Cámara hasta que se emita una decisión de fondo, lo que podría tomar varios meses o incluso años.
«La congresista quedó inmersa en la prohibición de doble militancia, tanto por pertenencia a dos partidos como por apoyo»
Juan Carlos Calderón España, veedor y demandante
Frente a las acusaciones, la representante Quilcué no ha emitido declaraciones oficiales sobre el proceso, pero en medio de la controversia política generada por los mensajes presidenciales sobre la reconstrucción del país, la congresista expresó su compromiso con sus bases sociales. «La democracia exige pluralismo y voz de quienes representamos a las mayorías. Aquí seguimos caminando junto a los pueblos», manifestó Quilcué, en una aparente referencia a la controversia que ha generado su situación jurídica.
Debate más allá de las curules
El caso ha puesto sobre la mesa discusiones profundas sobre la financiación de la reconstrucción y el rol de los congresistas en momentos de emergencia nacional. En este contexto, Iván Cepeda propuso destinar la prima especial de servicios de los congresistas —equivalente a unos 18 millones de pesos— a los damnificados, mientras que Gustavo Petro ha insistido en retomar su reforma tributaria de 20 billones de pesos para que «los más ricos de Colombia» asuman el costo de las afectaciones. La oposición, por su parte, planteó la habilitación de contratación directa con juntas de acción comunal como una alternativa para acelerar la ayuda humanitaria.
La demanda no solo afecta a Quilcué, también cuestiona el aval que el Mais otorgó a Roy Barreras como aspirante presidencial mientras la congresista se sumaba a otra corriente política. El desenlace de este proceso ante el Consejo de Estado podría sentar precedentes significativos en la interpretación de la doble militancia en Colombia, donde la fluidez de las alianzas políticas y los avales cruzados han sido objeto de constantes controversias.
