El Consejo de Estado, en decisión del magistrado Omar Joaquín Barreto, admitió a finales de julio de 2026 una demanda presentada por el exsuperintendente y exmagistrado Luis Guillermo Pérez que impugna la legalidad de la elección presidencial de Abelardo De la Espriella, quien fue declarado electo el 24 de junio tras los comicios del 21 de junio del mismo año. La admisión se produjo después de que el demandante corrigiera deficiencias formales que motivaron una primera inadmisión, y no implica un pronunciamiento de fondo ni suspende la elección, por lo que la posesión del nuevo mandatario sigue prevista para el 7 de agosto.
La demanda cuestiona específicamente el formulario E6 del 12 de marzo de 2026 y la resolución 2633 de 2026 del Consejo Nacional Electoral (CNE), alegando una supuesta reducción de los mecanismos de autenticidad, integridad e identificación en los formularios E-14 del conteo de votos, lo que habría afectado la trazabilidad y verificabilidad del proceso electoral. Según el portal «Testigos Electorales», citado por el presidente saliente Gustavo Petro, de 700.000 documentos identificados, el 97,4% del total «no tiene metadatos y ninguno cuenta con firma criptográfica», lo que pondría en duda la seguridad digital del proceso.
Declaraciones y contexto político
El presidente saliente Gustavo Petro aseguró el 22 de julio, a través de su cuenta en X, que «aquí todas las pruebas del fraude electoral en Colombia, ya judicializadas», difundiendo un enlace al portal que reúne supuestas irregularidades. Sin embargo, la demanda no afirma la existencia de fraude ni adjunta pruebas de alteración de votos, sino que apunta a errores técnicos que dificultarían descartar irregularidades. El demandante solicita, de forma subsidiaria, que se ordene un nuevo escrutinio con auditorías e inspecciones técnicas si el Consejo de Estado estima que existen dudas sobre la transparencia.
«Los comicios cuentan con todos los elementos de seguridad digital activos. Cada documento generado deja un rastro claro de su origen y manipulación, garantizando auditorías transparentes»
Material del portal Testigos Electorales difundido por Gustavo Petro
El Consejo de Estado otorgó un plazo de 15 días para que De la Espriella, el CNE y la Registraduría Nacional respondan a la demanda, y ordenó al CNE remitir copia de todos los actos administrativos relacionados con la elección al despacho del magistrado Barreto. El Ministerio Público fue notificado para intervenir en el proceso. Paralelamente, Luis Guillermo Pérez es objeto de una denuncia por parte de la empresa Thomas Greg & Sons por presunta perturbación del proceso democrático, lo que añade un elemento de controversia a un caso que promete marcar el inicio del nuevo gobierno.
