El Consejo de Estado, a través de su Subsección C de la Sección Tercera, emitió un auto el 3 de febrero de 2026 en el que declaró fundado el impedimento del magistrado Nicolás Yepes Corrales y lo apartó del proceso de repetición en contra de la excontralora Sandra Morelli Rico por existir una amistad íntima de varios años entre ambos. En el mismo fallo, se declaró infundado el impedimento del magistrado William Barrera Muñoz y se ordenó continuar con el trámite del expediente, que regresa al despacho de la magistrada ponente una vez surta ejecutoria.
La decisión se tomó tras examinar las manifestaciones de impedimento presentadas por los abogados de Sandra Morelli Rico cuando el proceso estaba próximo a fallo, con fundamento en el numeral 9 del artículo 141 del Código General del Proceso. En el caso de Yepes Corrales, se reconoció una relación personal cercana que él mismo describió como fortalecida al compartir espacios personales y familiares con Morelli. Para Barrera Muñoz, en cambio, la relación se limitó a coincidir como árbitros en un litigio de 2008 en la Cámara de Comercio de Bogotá, sin mayor vínculo que justificara su apartamiento.
Detalles del proceso de repetición y cifras involucradas
El proceso de repetición fue iniciado por la Contraloría General de la República el 25 de mayo de 2017, derivado del pago de un laudo arbitral dictado en 2016 que anuló parte de un contrato de arrendamiento suscrito en 2012, cuyo valor superó los 2.600 millones de pesos. La responsabilidad patrimonial reclamada asciende a más de 10.000 millones de pesos, mientras que en el paralelo proceso penal se alega un detrimento patrimonial superior a 12.000 millones por irregularidades en un contrato de arrendamiento entre 2010 y 2014, con cargos por contrato sin requisitos legales agravado y peculado por apropiación agravado.
El trámite administrativo ha avanzado por diversas etapas, incluyendo la admisión de la demanda, su reforma, la contestación de la demanda, una audiencia inicial en septiembre de 2021, audiencia de pruebas en octubre de ese año y alegatos finales en diciembre de 2021. Paralelamente, el proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia quedó en firme el 31 de julio de 2025, con negación de nulidad el 19 de agosto del mismo año.
«fortalecido al compartir espacios personales y familiares»
Nicolás Yepes Corrales, magistrado del Consejo de Estado
«por violación del debido proceso, al derecho de defensa y para garantizar el derecho fundamental a la administración de justicia»
Abogados de Sandra Morelli Rico
Adicionalmente, el Consejo de Estado reconoció la personería jurídica de la abogada que representa a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el caso, despejando el camino para que el expediente continúe su curso normal y se garantice la imparcialidad en la administración de justicia sobre este multimillonario litigio.
