La Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Fredy Ibarra, declaró responsable patrimonialmente a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por las interceptaciones ilegales conocidas como ‘chuzadas’ realizadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad. El alto tribunal lo condenó a pagar la suma de 354 millones 74 mil 968 pesos con 34 centavos al Dapre, demandante en el proceso, como consecuencia de los daños causados a Sigifredo Espinosa Pérez, exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y su familia.
La demanda de repetición fue presentada por el Dapre en 2019, con el fin de reintegrar la indemnización que el Estado tuvo que pagar previamente por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a Espinosa Pérez, tras las acciones del DAS entre 2007 y 2008. Estas incluyeron seguimientos, interceptaciones telefónicas, asedio y desprestigio público mediante la divulgación de información reservada, como sesiones privadas de la Sala Penal, infiltraciones y indagaciones sobre un viaje de magistrados a Neiva en 2006 relacionado con el caso de Asencio Reyes. Todo ello se enmarca en el contexto de tensiones entre el gobierno de Uribe y la Corte Suprema de Justicia, donde Moreno Villegas y María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, fueron condenados penalmente a ocho años de prisión en 2015, sentencia ratificada en mayo de 2024.
Antecedentes y alcance del fallo
El Consejo de Estado basó su decisión en la condena penal previa de la Corte Suprema, determinando la responsabilidad personal de Moreno Villegas por ordenar estas actividades ilegales utilizando la estructura del DAS, ya liquidado. Las interceptaciones buscaban obtener información sensible para desestabilizar y desprestigiar al magistrado Espinosa Pérez, incluyendo la filtración pública de datos privados. Este fallo reciente obliga al exfuncionario a resarcir al Estado por los perjuicios ocasionados, con la posibilidad de que los depósitos judiciales sean entregados una vez que la sentencia quede en firme.
«Declárase la responsabilidad patrimonial personal del señor Bernardo Moreno Villegas. Como consecuencia, condénase (…) a pagar en favor de la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la suma de trescientos cincuenta y cuatro millones setenta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos»
Consejo de Estado, Sección Tercera
Este pronunciamiento judicial no solo representa un cierre administrativo a uno de los escándalos más notorios del gobierno Uribe, sino que también subraya la accountability personal de altos funcionarios por abusos de poder, reafirmando los mecanismos de repetición patrimonial para proteger los recursos públicos frente a indemnizaciones derivadas de conductas ilícitas.
