El Consejo de Estado condenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a pagar más de 2.400 millones de pesos por incumplir la devolución de los vehículos que había arrendado para sus esquemas de seguridad. La sentencia del alto tribunal, que se enmarca en una controversia contractual, estableció que la entidad retuvo los automotores más allá del plazo acordado tras la finalización del contrato, vulnerando lo dispuesto en el artículo 2005 del Código Civil, que obliga a restituir el bien arrendado una vez terminado el vínculo. El litigio se originó cuando el contratista solicitó la restitución de los vehículos, pero la UNP pidió mantenerlos temporalmente para no interrumpir las protecciones vigentes, pactando un cronograma de entrega progresiva y un pago adicional por el uso extendido, compromiso que finalmente no cumplió.
Según la decisión del Consejo de Estado, la UNP no devolvió varios vehículos durante meses, pese al acuerdo firmado, lo que generó perjuicios económicos al contratista. El tribunal descartó la vía de reparación directa por enriquecimiento sin causa y tramitó el caso como una controversia contractual, aplicando el artículo 2005 del Código Civil. La indemnización supera los 2.400 millones de pesos por los perjuicios ocasionados por la devolución tardía, y además se impusieron las costas del proceso a la UNP por haber sido vencida en su totalidad. Los intereses moratorios no fueron reconocidos por falta de elementos probatorios en el dictamen pericial presentado.
Contexto de revisión de esquemas de protección
La condena se conoce en medio de una revisión profunda de los recursos y esquemas de la UNP ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella. El pasado 15 de octubre de 2026, el mandatario dio una directriz para revisar todos los esquemas de protección con el objetivo de retirar aquellos que no tengan justificación técnica y concentrar los recursos en personas con riesgos debidamente acreditados. En declaraciones recientes, De la Espriella fue enfático al señalar que cualquier ciudadano no puede alegar amenazas sin sustento. «Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó», dijo el presidente, añadiendo que «cuando se trata de proteger a los colombianos, no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado».
«Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Por su parte, el director de la UNP, Didier Blanco, ha reportado ante la Cámara de Representantes que la demora en la devolución de vehículos no es un caso aislado. Blanco afirmó que «algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado», lo que afecta la reorganización de la protección para nuevos solicitantes. Asimismo, explicó que los excongresistas que pierden su curul deben iniciar un trámite diferente para mantener las medidas de seguridad y que, mientras tanto, «ellos se quedan sin su esquema». Estas declaraciones ponen en evidencia las dificultades que enfrenta la UNP para gestionar sus recursos y cumplir con las obligaciones contractuales, en un contexto donde la entidad busca optimizar el uso de los vehículos y demás elementos de protección.
«Mientras inician ese nuevo trámite, ellos se quedan sin su esquema»
Didier Blanco, director de la UNP
La sentencia del Consejo de Estado no solo representa un golpe económico para la UNP, sino que también evidencia fallos administrativos en la gestión de los contratos de arrendamiento. Mientras el Gobierno Nacional impulsa una revisión integral de los esquemas de seguridad, la entidad deberá responder por los perjuicios causados al contratista y ajustar sus procedimientos para evitar nuevos incumplimientos que terminen en los tribunales.
