El Consejo de Estado, en ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata, ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que en un plazo de tres días informe las medidas implementadas para verificar el cumplimiento del fallo que establece criterios previos para las alocuciones presidenciales en televisión abierta. Esta decisión surge por un presunto incidente de desacato y busca asegurar que se respeten requisitos como una justificación clara de una situación urgente de interés público, que no se repita con frecuencia habitual ni excesiva, y que se limite estrictamente en contenido, duración exacta y horarios de inicio y fin. La ponencia está fechada el 16 de enero de 2026 y se enmarca en el contexto colombiano de regulación de las cadenas nacionales.
El fallo en cuestión proviene de una tutela interpuesta por ciudadanos que argumentaron que el uso repetido de alocuciones presidenciales vulneraba su derecho a la información. En octubre de 2025, la CRC negó una solicitud de alocución del presidente Gustavo Petro por no cumplir con los requisitos de urgencia y excepcionalidad. Ahora, la CRC está obligada a impedir transmisiones que no cumplan estos criterios mediante controles previos, concomitantes y posteriores, lo que ha generado controversia.
Reacciones y argumentos en contra del fallo
El presidente Gustavo Petro reaccionó con críticas al fallo, calificándolo de censura y cuestionando la trayectoria del Consejo de Estado. Además, el abogado Alejandro Carranza presentó un documento de doce páginas solicitando la revocatoria del fallo, argumentando que el filtro administrativo previo es incompatible con la Constitución de 1991 y la Convención Americana de Derechos Humanos.
«Ojalá al Consejo de Estado no se le ocurra dejar su historia, que comenzó, en el caso mío, reivindicando la convención americana de derechos humanos, y tome la historia del consejo que dicta la censura en Colombia. Juramos que respetaríamos la constitución de 1991 (sic)»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«censura»
Gustavo Petro, presidente de Colombia (calificando la decisión de la CRC)
Esta orden del Consejo de Estado refuerza la necesidad de equilibrar el derecho presidencial a informar con el de los ciudadanos a recibir información plural y sin interrupciones indebidas, en un debate que continúa dividiendo opiniones en Colombia sobre los límites de las alocuciones en medios abiertos.
