El Consejo de Estado de Colombia emitió fallos judiciales contra el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Notariado y Registro, al declarar que estas entidades utilizaron sus redes sociales oficiales para difundir mensajes políticos ajenos a sus funciones institucionales. Las decisiones, recientes y promovidas por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), limitan estrictamente el uso de estas plataformas estatales a contenidos puramente institucionales, en un contexto donde el país se prepara para las elecciones de Presidencia de la República.
En el caso del Ministerio de Educación, la entidad publicó mensajes sobre la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, acompañados del hashtag #TrumpSeEquivocoDePais, argumentando que no implicaba gasto presupuestal y formaba parte de su comunicación institucional. Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro difundió contenidos sobre el sistema de salud con el hashtag #SeRobaronLaSalud, además de convocatorias a movilizaciones, replicando debates políticos nacionales que excedían sus competencias legales, según el fallo que cita el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 sobre publicidad oficial.
Precedente judicial en vísperas electorales
Estas sentencias se suman a un antecedente similar contra el Servicio Geológico Colombiano por el uso indebido de cuentas institucionales, estableciendo un precedente clave que prohíbe emplear las redes sociales oficiales para campañas políticas o narrativas del gobierno de turno. El impacto radica en reforzar que tales plataformas pertenecen a la ciudadanía y no a los gobiernos transitorios, especialmente relevante ahora ante el calendario electoral.
el funcionamiento de una cuenta oficial de «X» requiere de la designación de una persona encargada de la labor de manejo operativo de este tipo de redes sociales, lo que implica que la entidad designa parte de sus recursos para que se efectúe dicha función
Consejo de Estado, sentencia
La Fundación para el Estado de Derecho impulsó estos procesos para garantizar el apego a la normativa, subrayando la necesidad de separar la gestión pública de la partidista en el ámbito digital estatal.
las cuentas oficiales del Estado le pertenecen a la ciudadanía, no a los gobiernos de turno. Cada publicación desde una cuenta institucional es un acto de Estado y debe respetar su finalidad pública
Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho
Con dos entidades sancionadas en esta ronda, el fallo del Consejo de Estado marca un límite claro al activismo político desde cuentas oficiales, promoviendo una comunicación estatal responsable y alineada exclusivamente con sus fines públicos en Colombia.
