El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 415 de 2026 emitido por el Gobierno de Gustavo Petro, que pretendía trasladar 25 billones de pesos de fondos privados a Colpensiones, al considerar que este acto altera el calendario establecido en la Ley 2381 de 2024. Esta decisión frena el traspaso de ahorros de aproximadamente 120.000 trabajadores que no han consolidado su derecho a pensión, mientras que los pagos a unos 25.000 pensionados que reciben sus mesadas a través de Colpensiones se mantienen sin afectaciones.
La medida judicial responde a una acción presentada contra el decreto, que aceleraba los traspasos dividiendo el monto en un 50 por ciento en los primeros 20 días y el otro 50 por ciento en los 10 días siguientes, contradiciendo la norma legal que solo autoriza estos movimientos una vez que los afiliados hayan consolidado su derecho a pensión. De esta forma, el Consejo de Estado busca preservar el marco legislativo aprobado por el Congreso, evitando que el Ejecutivo modifique unilateralmente las reglas de un sistema pensional que involucra a miles de trabajadores en Colombia.
Argumentos del Consejo de Estado y reacciones del Gobierno
En su comunicado, el Consejo de Estado explicó que “el decreto modificó una regla que ya estaba definida por la ley, pues cambió el momento en que debía hacerse el traslado del dinero” y enfatizó que “el presidente puede reglamentar las leyes para hacerlas aplicables, pero no cambiar su contenido ni reemplazar decisiones que le corresponden al Congreso”. Por su parte, el presidente Gustavo Petro criticó la decisión judicial, afirmando que “el Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores” y que esta medida “le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la iniciativa al declarar que “el derecho a una vejez y una pensión digna es innegociable” y agregó que “no es aceptable que los fondos privados se liberen de la obligación pensional mientras retienen los recursos que la financian. El principio es claro: quien paga la pensión debe contar con los recursos”.
“el decreto modificó una regla que ya estaba definida por la ley, pues cambió el momento en que debía hacerse el traslado del dinero”
Consejo de Estado, comunicado
“el presidente puede reglamentar las leyes para hacerlas aplicables, pero no cambiar su contenido ni reemplazar decisiones que le corresponden al Congreso”
Consejo de Estado, comunicado
Apoyo de expertos, políticos y empresarios
La suspensión ha sido celebrada por diversos sectores. El especialista en pensiones Kevin Hartmann la calificó como “una buena y oportuna medida”, mientras que el exviceministro de Hacienda Andrés Pardo la respaldó por su respeto a la Ley 2381 de 2024. En el ámbito político, Juan Manuel Galán, director del Partido Nuevo Liberalismo, aplaudió el límite impuesto al Gobierno. Empresarios como Jaime Cabal, presidente de Fenalco; María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia; y José Ignacio López, presidente de Anif, también expresaron su apoyo a la decisión del Consejo de Estado. El Gobierno, por su parte, ha anunciado que evaluará recursos legales para revertir esta suspensión provisional, en un contexto donde la Ley 2381 de 2024 regula estrictamente los traspasos de afiliados de fondos privados a Colpensiones.
Esta controversia pone de manifiesto las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial en torno a la reforma pensional, con implicaciones directas para los ahorros de miles de trabajadores y el equilibrio financiero del sistema de pensiones en Colombia.
