El Consejo de Estado negó la indemnización reclamada por familiares de las víctimas de la explosión de un carrotanque ocurrida el 6 de julio de 2020 en la vía que comunica Tasajera con Puebloviejo, Magdalena, al considerar que no se probó una omisión de la Policía Nacional que hiciera responsable al Estado. El alto tribunal concluyó que los uniformados alertaron sobre el peligro, solicitaron refuerzos e intentaron alejar a las personas que se acercaban al vehículo para recoger combustible, por lo que no hubo falta de acción que ameritara una reparación económica.
La tragedia, que dejó 45 personas fallecidas y 27 heridas, ocurrió cuando un carrotanque que transportaba 5.950 galones de gasolina se volcó en la vía Tasajera-Puebloviejo. Decenas de habitantes del caserío de pescadores, ubicado entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y el mar Caribe, acudieron con baldes, pimpinas y ollas para recoger el combustible derramado. El vehículo se incendió y explotó mientras había personas alrededor, generando un duelo colectivo y debates sobre las condiciones sociales y la capacidad de respuesta ante emergencias con materiales peligrosos.
Los argumentos del tribunal y las voces de los afectados
Los demandantes, allegados de los fallecidos, alegaron que la Policía Nacional no aisló la zona ni impidió que la población se acercara al carrotanque. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que no se demostraron los elementos necesarios para ordenar la reparación económica solicitada en el proceso de reparación directa. El abogado Ariel Quiroga Vides explicó que la decisión debe leerse dentro de los límites del proceso que resolvió el tribunal y que no significa que la tragedia deje de ser dolorosa, sino que para esta demanda en particular no se probaron los requisitos exigidos para la compensación.
Varios de los presentes desatendieron las advertencias de los uniformados y se expusieron al riesgo al permanecer cerca del combustible derramado. Heridos con quemaduras graves fallecieron en días posteriores en centros asistenciales de Barranquilla y Santa Marta. El fallo cierra este proceso de reparación directa, pero no juzga a las víctimas ni resuelve otras posibles investigaciones o reclamaciones relacionadas con la tragedia.
«Para nosotros, lo que pasó en Tasajera no se queda en una fecha ni en una sentencia. Cada familia sabe lo que perdió y lo que ha tenido que afrontar desde ese día. Entendemos que la justicia tiene sus procedimientos, pero también esperamos que se escuche lo que vivimos y que la tragedia no quede reducida a una discusión económica», expresó Manuel Samper, familiar de una de las víctimas, reflejando el sentir de una comunidad que aún busca respuestas y reconocimiento más allá de las decisiones judiciales.
Manuel Samper, familiar de víctima
